
En el laboratorio político que fue la París de finales del siglo XVIII, las palabras no se las llevaba el viento; se esculpían en el bronce de las leyes o se pagaban con la vida en el cadalso. Corría la primavera de 1793 y la Revolución francesa atravesaba su hora más dramática: acosada por las potencias monárquicas europeas y desangrada por levantamientos internos, la joven República buscaba refundarse. Fue en ese barro histórico donde irrumpió Maximilien Robespierre, apodado “el Incorruptible”.
Robespierre impulsó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, un documento que contiene la línea más radical e inflamatoria jamás redactada en el derecho constitucional de una potencia de primer orden. Allí se lee: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”. Pero, ¿qué significa? Empecemos a analizar esta frase incendiaria.
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El enunciado no deja margen para la tibieza. Con el “más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”, el texto opera un cambio copernicano en la filosofía jurídica. La obediencia al Estado deja de ser un dogma incondicional y se transforma en un contrato condicionado a la justicia. Lo verdaderamente revolucionario de la frase es su segunda premisa: “para el pueblo y para cada porción del pueblo”. Con este agregado, Robespierre y los jacobinos descentralizan el derecho a la rebeldía.

No hace falta que la totalidad de la nación esté de acuerdo para alzarse contra la opresión; basta con que un sector, una minoría oprimida, una “porción del pueblo”, vea vulnerados sus derechos para que la insurrección adquiera legitimidad moral y legal. Para el orden institucional, esta idea legaliza el germen de la desobediencia civil. Su autor, Maximilien Robespierre, no era un anarquista sediento de caos, sino un abogado obsesionado con el orden moral y la voluntad general de Jean-Jacques Rousseau.
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El pensamiento de Robespierre tenía esta premisa: el pueblo es intrínsecamente bueno y los gobernantes son inherentemente corruptibles. Esto resume su cosmovisión. Para “el Incorruptible”, la política no era el arte del consenso ni de la negociación, sino la defensa intransigente de la virtud pública. Si un gobierno traiciona los derechos ciudadanos, pierde su razón de ser y se convierte en un agente usurpador. Por lo tanto, la insurrección es una purificación necesaria para restablecer el pacto social roto.
La frase no nació en un escritorio pacífico. En abril de 1793, cuando Robespierre presentó su borrador en la Convención Nacional, Francia estaba bajo fuego. Los moderados girondinos perdían el control del gobierno, la inflación devoraba los salarios de las clases populares (los sans-culottes) y la guerra exterior amenazaba con restaurar la monarquía de los Borbones. En este escenario de vida o muerte, los jacobinos necesitaban el apoyo de las masas parisinas para salvar la Revolución.
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Redactar el Artículo 35 fue un pacto de sangre: el gobierno revolucionario les otorgaba a los ciudadanos el derecho legal a derrocarlos si ellos mismos se desviaban del camino de la virtud. Una garantía extrema para un tiempo extremo. La frase no se publicó en un ensayo filosófico, sino que sirvió de preámbulo para la Constitución del 24 de junio de 1793 (también conocida en los manuales de historia como la Constitución del Año I). Representa el primer intento moderno de diseñar una democracia social y participativa.
A diferencia de la declaración de 1789, de corte netamente burgués e individualista, la versión jacobina de 1793 introdujo derechos colectivos de vanguardia. Estableció el sufragio universal masculino (eliminando el voto por riqueza), el derecho al trabajo, la asistencia médica pública para los desamparados y la educación universal y gratuita. La obra cumbre de este “libro” normativo era, precisamente, el blindaje de la soberanía popular mediante el derecho constitucional a la rebelión.
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La ironía histórica que rodea a este texto es tan fascinante como oscura. Tras ser aprobada masivamente por el pueblo en un referéndum, la Constitución de 1793 nunca entró en vigor. La propia Convención Nacional, bajo el liderazgo central de Robespierre, declaró que el orden constitucional quedaba suspendido y que el gobierno sería “revolucionario hasta la paz”. Se inauguraba así el período del Terror, donde el mismo hombre que legalizó la insurrección utilizó la guillotina para aplastar la disidencia.

¿Quién es Robespierre?
Maximilien de Robespierre nació el 6 de mayo de 1758 en Arrás, Francia, y se formó como abogado en el prestigioso Lycée Louis-le-Grand de París, donde se empapó de las ideas ilustradas de Rousseau. De origen burgués, inició su carrera política defendiendo a los sectores más vulnerables de su provincia natal, lo que le valió ser elegido diputado para los Estados Generales de 1789. Ya en París, su oratoria intransigente y su férrea defensa del sufragio universal y la abolición de la esclavitud caló hondo.
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En el Club de los Jacobinos se ganó el apodo de “el Incorruptible”. Aunque no dejó tratados teóricos extensos en formato de libros tradicionales, toda su filosofía política y sus propuestas constitucionales quedaron plasmadas en sus minuciosas compilaciones de discursos y en sus artículos periodísticos editados en medios como Le Défenseur de la Constitution. Su ascenso al poder absoluto se consolidó en 1793 al integrarse al Comité de Salvación Pública, donde instauró el período del Terror.
Sin embargo, la acumulación de poder, la radicalización de las ejecuciones en la guillotina y la paranoia generalizada terminaron por aislarlo de sus propios aliados revolucionarios. El 27 de julio de 1794 (el 9 de Termidor según el calendario republicano), la Convención Nacional votó en su contra y, tras un caótico intento de arresto en el que resultó gravemente herido de un disparo en la mandíbula, fue guillotinado al día siguiente, el 28 de julio, en la plaza de la Revolución de París.
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