El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmó dos nuevos crímenes machistas en la isla, elevando a 63 la cifra total de feminicidios verificados de forma independiente a lo largo de 2026.
Esta actualización consolida una tendencia alarmante que supera ampliamente los registros de años precedentes, con 56 casos documentados en 2024 y 50 en 2025, en un contexto marcado por:
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- La desprotección institucional
- La opacidad informativa estatal
- Un severo colapso socioeconómico que agrava los riesgos para las víctimas.
Los hechos más recientes corresponden a Juana María Guzmán Torres, conocida como Mayi, y Yasmina Ruano González. Juana María, de 54 años y educadora de la primera infancia, fue asesinada el pasado 8 de noviembre por su pareja en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma, dentro de la vivienda que ambos compartían en el barrio La Cañada.
La víctima deja dos hijos mayores de edad y el presunto agresor fue detenido por las autoridades. Por su parte, el feminicidio de Yasmina, de 32 años, ocurrió al día siguiente, el 9 de noviembre, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Fue agredida mortalmente por su pareja en su domicilio y en presencia de su hijo pequeño.
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Ante estos casos, el subregistro continúa siendo una preocupación central ante la ausencia de estadísticas públicas, sistemáticas y transparentes por parte de las instituciones gubernamentales. Hasta el 10 de noviembre, además de los crímenes letales, OGAT documentó 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos vinculados a violencia machista en 2026.
Permanecen en proceso de indagación:
- 11 casos bajo sospecha de feminicidio
- 18 alertas por intentos frustrados durante el año corriente
- 12 presuntos feminicidios
- Cinco tentativas
- 1 muerte masculina en contexto machista pendientes de clarificación desde 2025.
Crisis estructural, apagones y barreras para la protección de las víctimas
El repunte de la violencia letal contra las mujeres ocurre en paralelo al deterioro de las condiciones materiales de vida en el país. Los prolongados cortes de electricidad, el colapso del transporte público, las dificultades en las telecomunicaciones y la dependencia económica reducen drásticamente la capacidad de las mujeres amenazadas para comunicarse, denunciar o abandonar sus hogares de manera segura.
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Ileana Álvarez, directora de OGAT, advierte que si bien la responsabilidad de cada agresión recae exclusivamente en el atacante, el contexto de precariedad generalizada deja a las mujeres desprovistas de herramientas operativas para ponerse a salvo:
“Los feminicidios documentados continúan aumentando en Cuba y queremos llamar la atención sobre este hecho. En medio de una crisis que profundiza la desprotección, los apagones, la falta de transporte, las dificultades de comunicación y la dependencia económica reducen las posibilidades de pedir ayuda, salir de una vivienda o sostener una separación. La responsabilidad es siempre del agresor, pero estas condiciones pueden dejar a las mujeres con menos medios para ponerse a salvo”.
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Esta situación se acentúa en zonas rurales y asentamientos alejados de los centros urbanos. En estas comunidades, la lejanía respecto a dependencias policiales, centros de salud y redes de asistencia convierte la falta de conectividad y movilidad en una trampa que impide la llegada oportuna de auxilio.
Frente al avance de las agresiones, organizaciones y especialistas cuestionan la estrategia estatal de responder a los feminicidios casi exclusivamente a través de sanciones judiciales severas ex post facto, prescindiendo de políticas integrales de prevención, refugios especializados o protocolos rigurosos de valoración del peligro.
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