Los policías penitenciarios que facilitaron celulares a “Pecho de Rata” en prisión de Costa Rica fueron despedidos

Dos policías penitenciarios fueron despedidos en Costa Rica tras ser señalados de facilitar teléfonos celulares a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, mientras el presunto líder criminal permanecía recluido en el área de máxima seguridad del centro penitenciario La Reforma. La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, según informó el medio costarricense CRHoy.

Los policías habían sido detenidos en junio durante una serie de allanamientos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra una estructura criminal que las autoridades atribuyen a López Vega. La pesquisa apunta a que ambos agentes habrían permitido que el detenido utilizara sus dispositivos personales para comunicarse con integrantes de su grupo pese a las restricciones de su régimen de reclusión.

La investigación comenzó a partir de información confidencial que llegó al OIJ. Los agentes judiciales indagan si los policías penitenciarios recibieron dinero u otro beneficio por entregar sus teléfonos al recluso. Hasta ahora, las autoridades no divulgaron detalles sobre posibles pagos ni sobre eventuales causas penales contra los dos exfuncionarios.

El caso forma parte de la operación Riverside, una ofensiva policial dirigida contra la organización que presuntamente encabezaba “Pecho de Rata”. Durante los operativos, las autoridades realizaron allanamientos en 97 propiedades y 141 estructuras de Cartago, Heredia y Limón, además de diligencias en los centros penitenciarios de La Reforma y La Leticia.

En junio pasado, la investigación del OIJ y la Fiscalía reveló que el acceso a los celulares habría permitido que López Vega mantuviera contacto con integrantes de la estructura investigada, incluidos sus cuatro hijos y su esposa. Las autoridades sostienen que esas comunicaciones podían servir para preservar vínculos operativos mientras el presunto jefe de la organización permanecía bajo custodia estatal.

El director del OIJ, Michael Soto, indicó en ese momento que el expediente también analizaba la posibilidad de que otros miembros del entorno familiar de López Vega asumieran tareas dentro de la organización después de su salida de Costa Rica. El presunto líder criminal fue extraditado a Estados Unidos el 20 de marzo de 2026 junto con el exmagistrado Celso Gamboa.

Ambos fueron los primeros ciudadanos costarricenses enviados a Estados Unidos después de la reforma constitucional que permitió la extradición de nacionales. El proceso contra López Vega en territorio estadounidense no forma parte de la causa que derivó en el despido de los policías penitenciarios, aunque la investigación local examina la continuidad de las actividades atribuidas a su grupo.

Semanas antes de los allanamientos, circuló un video en el que “Pecho de Rata” aparecía durante una videollamada en una actividad social. Soto afirmó que consultó a representantes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre las normas de comunicación para personas privadas de libertad en ese país.

Según explicó el jefe policial, los detenidos pueden comunicarse con familiares bajo controles específicos, pero las conversaciones quedan registradas y son objeto de monitoreo. Si las autoridades detectan indicios de actividad ilegal, pueden cancelar ese beneficio e incorporar el material a los procesos judiciales.

El OIJ atribuye a la organización tráfico de drogas y legitimación de capitales

El caso Riverside, donde está implicado Edwin López Vega, comenzó en julio de 2024 e investigaba presuntos delitos de tráfico nacional e internacional de drogas, legitimación de capitales y un aparente secuestro ocurrido en enero de 2025. La persona que habría sido víctima de ese hecho continúa desaparecida, de acuerdo con los datos divulgados por las autoridades costarricenses.

El OIJ sostiene que la organización liderada por alias “Pecho de Rata” introducía cargamentos de droga desde Colombia con apoyo de un grupo conocido como “Los Costeños”. La ruta investigada incluía traslados marítimos y fluviales hasta Cahuita, desde donde los estupefacientes eran distribuidos dentro y fuera de Costa Rica.

Durante los procedimientos, las autoridades capturaron a 40 personas y contabilizaron a otros 18 sospechosos que ya estaban en prisión, para un total de 58 detenidos. Al mismo tiempo, continuaba la búsqueda de 23 personas, entre ellas los cuatro hijos de López Vega y su esposa, quien se encontraba de viaje en Suiza.

Los allanamientos permitieron incautar 84 bienes inmuebles y 106 vehículos, con un valor superior a 2,600 millones de colones costarricenses (USD 5,736.53). El despido de los dos policías penitenciarios se suma a las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia tras las sospechas de que colaboraron con la estructura desde el interior de La Reforma.