Once organizaciones democráticas y opositoras de Nicaragua denunciaron este viernes, por medio de un comunicado conjunto, que la reforma parcial a la Constitución, aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre y publicada el día siguiente, constituye una nueva ruptura del orden constitucional.
Las agrupaciones dirigieron el texto a la población nicaragüense, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos. En el documento sostienen que el proceso legislativo no representó un “acto jurídico válido” ni el ejercicio legítimo de la potestad de reforma del Estado.
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Según las organizaciones, la modificación aprobada por la Asamblea Nacional consolida la concentración del poder y busca formalizar la exclusión de sectores opositores. El comunicado califica la iniciativa como una maniobra para “sepultar formalmente el principio de soberanía popular” e institucionalizar prácticas represivas del régimen.
Los firmantes indicaron que el debate parlamentario fue reemplazado por la actuación de una Asamblea Nacional sin independencia, que aprobó con rapidez, por unanimidad y sin escrutinio ciudadano un texto elaborado de forma reservada.
El comunicado también cuestionó el proceso de consulta ciudadana. Las organizaciones afirmaron que la dictadura Ortega-Murillo limitó esa instancia a operadores propios, familiares, mandos del Ejército y de la Policía Nacional, además de estructuras partidarias.
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Para los grupos opositores, esa modalidad anuló la función deliberativa que debería tener una consulta sobre cambios constitucionales. El texto señala que someter el proyecto a la ratificación de quienes consideran beneficiarios de la reforma y de las fuerzas que sostienen al Gobierno vacía de contenido democrático el procedimiento.
Las organizaciones también objetaron la creación o validación de la figura de la “copresidencia”. Sostuvieron que esa denominación no cuenta con respaldo en la voluntad popular y acusaron al oficialismo de intentar convalidar, mediante reformas posteriores, mandatos que consideran caducos.
Grupos opositores denunciaron que los cambios restringen el derecho a elegir y ser elegido
Uno de los principales cuestionamientos se concentró en la ampliación simultánea a siete años de los períodos de la denominada copresidencia, las diputaciones, las alcaldías, las magistraturas estatales y los mandos militares.
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Para los firmantes, esa estructura elimina los contrapesos institucionales y el control entre los poderes del Estado: “El resultado directo de esta arquitectura es la consolidación formal de un modelo totalitario y dinástico”.
También señalaron que la reforma restringe la posibilidad de que los ciudadanos elijan periódicamente a sus gobernantes y agrava la persecución política contra la oposición organizada.
El texto vinculó esos cambios con lo que los grupos definieron como una cadena de desviaciones del orden democrático. Entre otros puntos, mencionaron la falta de competencia política genuina en elecciones que, según indicaron, fueron declaradas fraudulentas por la OEA y la comunidad internacional.
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A juicio de los firmantes, esa disposición profundiza el aislamiento del país y busca limitar la aplicación de obligaciones y sentencias vinculadas con derechos humanos.
Las once agrupaciones llamaron a los gobiernos y organismos multilaterales a desconocer la reforma, declarar su ineficacia jurídica y mantener la solidaridad con los nicaragüenses. También reclamaron la restitución de la democracia, el Estado de derecho, las libertades públicas, los derechos humanos y el derecho a elegir y ser elegido.
El pronunciamiento lleva las firmas de Ciudadanos por la Libertad Exilio, Ruta del Cambio, Unamos, Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Avanza, Asamblea Nicaragüense por la Democracia (AND), Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, Gran Confederación Opositora Nicaragüense, Mesa Todos Somos Nicaragua, Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) y Unidad Nacional.
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