La agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Hazel Rojas Víquez enfrentará el 4 de octubre la audiencia final de conclusiones en el proceso administrativo abierto en su contra.
En paralelo, avanza una causa penal por su presunta participación en una red de corrupción que habría operado durante años dentro de los Tribunales de Justicia de Pococí.
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El caso se originó en un accidente de tránsito ocurrido el 23 de septiembre de 2025 en Cariari de Guápiles, en el que murió Luis Guevara Corrales, de 51 años.
Entre sus pertenencias apareció una licencia de conducir de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el líder criminal más buscado del país. La licencia, vencida desde el 6 de julio de 2018, fue hallada auténtica por el OIJ.
Rojas Víquez, especialista en escena, recogió el documento, pero no lo incorporó al libro de indicios ese día, como exige el manual del OIJ en un plazo máximo de 24 horas. Lo registró dos días después, el 25 de setiembre, y solo tras una llamada directa del entonces director del OIJ, Randall Zúñiga López, quien le pidió explicaciones.
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La Inspección Judicial abrió el expediente en octubre de 2025
La causa administrativa, expediente 25-003541-0031-DI, fue revelada en exclusiva por CR Hoy en noviembre de 2025. Los denunciantes señalaron que Rojas conoce de memoria el protocolo: como especialista en escena, supervisa y revisa formularios de inspección en homicidios, tentativas y robos agravados, la mayoría vinculados al crimen organizado.
También alertaron que su presencia en el levantamiento del cuerpo de Guevara era inusual. Según la denuncia, no era habitual que la agente asistiera a ese tipo de operativos, lo que generó suspicacias entre sus propios compañeros de la delegación Pococí-Guácimo.
En una conversación con otro investigador de apellido Herrera, la propia funcionaria describió lo ocurrido: “Cuando lo revisamos, el mae tenía una licencia de conducir de Diablo vencida desde el 2018. Yo vine, le tomé foto y todo, lo anoté ¡A mí se me olvidó!”, según la transcripción incorporada al expediente y publicada por CR Hoy. El compañero informó el hallazgo a sus jefaturas en cuanto supo que el indicio no había sido registrado.
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El proceso administrativo es independiente de la causa penal
El 1.° de setiembre de 2026, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ordenó la detención de Rojas Víquez junto con los jueces Ricardo Valverde López y Olivier Ramírez Valverde, del Juzgado Penal de Pococí, y la posterior captura de Gelen Magaly Arias Monge, hermana de alias “Diablo”. La operación fue ejecutada por la Sección Anticorrupción del OIJ.
La FAPTA investiga posibles delitos de procuración de impunidad, cohecho, penalidad del corruptor y peculado de uso por hechos ocurridos entre 2023 y 2026. El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que Arias Monge habría funcionado como enlace entre la organización criminal y los funcionarios judiciales para obtener beneficios en las investigaciones en curso.
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Rojas Víquez mantiene una relación sentimental con el juez Valverde López, detenido el lunes previo a su propia aprehensión. Tras los arrestos, el Juzgado Penal de Hacienda ordenó el levantamiento del secreto bancario de ambos, con cobertura desde el 1.° de enero de 2021, año en que comenzó la investigación conocida como caso Colorado, según informó CR Hoy con acceso al expediente.
La denuncia también señala actos dentro de la oficina institucional
El expediente administrativo recoge además irregularidades de otra naturaleza. Según el documento, Rojas utilizó su despacho en los Tribunales de Pococí para mantener relaciones sexuales con un subordinado de apellido Segura.
Ambos habrían coordinado acciones para evitar ser descubiertos: hablaron en voz baja, cerraron la puerta, apagaron las luces y bloquearon el monitor de la computadora.
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Los dispositivos de vigilancia captaron frases como “Haga silencio” y “apague la luz” durante ese episodio, ocurrido el 1.° de abril. El informe también señala que la funcionaria realizó videollamadas de contenido sexual desde su despacho en horario laboral.
La delegación pidió apartar a Rojas antes de que estallara el escándalo
La denuncia presentada por sus propios compañeros advertía que la credibilidad de la delegación estaba en riesgo. El texto citaba casos anteriores de corrupción en la misma zona, entre ellos el de Michael Mora Garita, vinculado a alias “Coco”, y el de Randall, conocido como “Míster Músculo”, señalado en relación con el asesinato del exjefe Geiner Zamora.
“Clamamos poder laborar en ambiente libre de investigadores corruptos donde su honor se vea comprometido”, expresaba la denuncia, según el expediente publicado por CR Hoy.
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La investigación penal contra los funcionarios judiciales muestra dos posibles vías de infiltración de la organización atribuida a “Diablo”: el acceso a decisiones dentro del sistema judicial y la filtración de información operativa desde los cuerpos policiales. Todos los imputados mantienen su presunción de inocencia hasta que un tribunal declare responsabilidades.
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