Costa Rica: La administración entrante mantiene el monto destinado a universidades, pero exige igualdad en el reparto

La distribución de los fondos públicos a las universidades costarricenses enfrenta cuestionamientos directos por parte del Gobierno entrante, que condiciona el mantenimiento del presupuesto actual —594.000 millones de colones (USD 1,311,403.02)— a una reforma en la asignación interna de esos recursos y exige que el reparto favorezca la equidad entre todas las instituciones, según declaraciones de la presidenta electa Laura Fernández y el presidente de Costa Rica en una comparecencia pública.

El nuevo Gobierno de Costa Rica ha colocado en el centro del debate la cifra exacta asignada a la educación superior: 594.000 millones de colones es el monto total que se destinará desde fondos públicos a las universidades públicas este año y en 2026, de acuerdo con la presidenta electa Laura Fernández. Fernández insistió en el valor de esa cantidad al señalar: “No son cinco pesos. Quinientos noventa y cuatro mil millones de colones que salen de la bolsa de todos los ticos”, dato que refuerza el peso de la discusión, según registró la intervención.

Fernández precisó que, dentro de esa partida, la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional acaparan el 75% de los fondos totales. Esta distribución fue confirmada y corregida en tiempo real durante el intercambio con el presidente de Costa Rica, que validó la cifra: “Setenta y cinco, sí”. Para el Ejecutivo, esta inequidad resulta insostenible en un contexto donde otras instituciones —el Tecnológico, la UNED y la UTN— ofrecen carreras de alta demanda en regiones periféricas del país y requieren mayor apoyo presupuestario.

En ese sentido, Laura Fernández resaltó su propio historial de “hija de la educación pública” y subrayó la necesidad de modificar la lógica de reparto, recalcando que la actual se define entre las mismas universidades, no por el Gobierno central: “Esa repartición no la define don Rodrigo ni la defino yo, la deciden entre ellos”.

La pregunta esencial para el lector es clara: ¿Qué propone exactamente el Gobierno con respecto al financiamiento universitario y qué consecuencia inmediata tiene este planteamiento? El Ejecutivo costarricense propone mantener el monto asignado (594.000 millones de colones) incluso si el país enfrenta inflación negativa, pero sujeta el bloqueo de recortes a que el reparto de los fondos se realice “a conciencia” y favorezca el incremento de becas, cupos y matrícula particularmente en zonas con mayor demanda laboral y menor acceso. Esta decisión implica que el blindaje presupuestario se condiciona a reformas de equidad en la asignación interna.

Además del fondo principal, el Ministerio de Educación transfiere a las universidades públicas casi ocho mil millones de colones a través de un mecanismo adicional denominado Mini-FEDD, según explicó la presidenta electa. Este monto no está incluido en el presupuesto global sino que llega por vías específicas, lo que amplía el total de recursos puestos a disposición de las instituciones.

Sin embargo, los funcionarios criticaron la gestión financiera de los recursos universitarios. En palabras del presidente de Costa Rica, “las universidades no gastan la plata”, lo que les permitiría generar ingresos extraordinarios por intereses bancarios mientras el Estado asume creciente deuda pública para cumplir con esas transferencias. El presidente ilustró la magnitud económica diciendo: “El Ministerio de Hacienda tiene que salir a endeudarse, porque no son solo los quinientos noventa y siete mil millones, es todo lo demás”.

Fernández reconoció el desafío que representa negociar con las autoridades universitarias y recordó haber enfrentado situaciones de tensión cuando fue ministra de Planificación. “Hasta un mentonazo de madre me llevé en una de las reuniones”, relató sobre un incidente en el pasado con representantes de los rectores.

La jefatura del Ejecutivo manifestó disposición para un diálogo transparente, invitando a las rectorías a reformar la asignación interna de fondos para responder a criterios de equidad y eficiencia, asegurando que desde el Gobierno “se podría valorar el mantener ese monto”.

La presidenta electa, Laura Fernández y junto al presidente Rodrigo Chaves, ha delineado su postura con claridad: el financiamiento de 594.000 millones de colones a las universidades públicas está garantizado solo si las instituciones ajustan la distribución interna de recursos y priorizan las áreas y regiones con mayor necesidad.

El Ejecutivo no interviene directamente en la decisión de reparto, que corresponde a la mesa universitaria. No obstante, condiciona cualquier negociación futura a la ampliación de la concesión de becas y el aumento de matrícula en sedes periféricas. “La propuesta del Gobierno de la República es que de ese dineral que se les da, que ellos hagan una distribución a conciencia y que aumenten las becas, que aumenten los cupos, que aumente la matrícula, especialmente en las regiones periféricas de nuestro país, donde hay tanta necesidad de formar el talento humano”, afirmó Fernández en su declaración.

Así, la discusión sobre el presupuesto universitario en Costa Rica gira en torno a dos exigencias: transparencia en la gestión de los recursos y equidad en el acceso a la educación superior para todo el país.