De desaparición a confesión en Costa Rica: Estadounidense aceptó femicidio de Tamara Centeno y aborto no consentido

En el frío recinto del Juzgado Penal de San Ramón, el silencio que rodeaba uno de los crímenes más atroces registrados en la zona de Alajuela finalmente se rompió, no por un veredicto impuesto, sino por la propia voz del verdugo.

Abion John Moriondo, un estadounidense de 60 años, bajó la mirada y aceptó lo que las pruebas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya gritaban desde hace más de un año: él fue quien terminó con la vida de su esposa, Tamara Centeno Murillo, y del hijo que ella cargaba en su vientre.

El lunes 13 de abril de 2026 quedará marcado como el día en que la justicia costarricense cerró un capítulo de incertidumbre mediante un procedimiento especial abreviado.

Al aceptar los cargos de femicidio y aborto sin consentimiento, Moriondo evitó el escarnio de un juicio ordinario, pero no la severidad de una condena que le arrebatará un cuarto de siglo de libertad.

La pesadilla para la familia Centeno comenzó el 23 de enero de 2025. Ese día, la madre de Tamara acudió a las autoridades para denunciar la desaparición de su hija de apenas 20 años.

Solo 24 horas después de la denuncia, los agentes judiciales localizaron el cuerpo de la joven, quien estaba oculto en una bolsa plástica, arrojado a la orilla de una carretera de difícil acceso en La Granja de Palmares.

La autopsia de la Sección de Patología Forense confirmó la crueldad del acto: la joven murió por asfixia. Pero el horror tenía una capa más profunda; Tamara tenía cuatro meses de embarazo. Según allegados a la familia, fue precisamente la noticia de ese hijo por nacer lo que detonó la furia de Moriondo, desencadenando un conflicto que terminó en tragedia.

Las pruebas recolectadas por el OIJ fueron irrefutables. Desde el hallazgo del celular de la víctima en el basurero de una licorera, envuelto en toallas de limpieza hasta las pruebas de ADN que confirmaron que el estadounidense era el padre del bebé que Tamara gestaba.

Cuando las autoridades llegaron a la vivienda que la pareja compartía para detener al sospechoso, se toparon con una escena de desesperación. Moriondo fue hallado dentro de un vehículo, inhalando gases tóxicos en un aparente intento de suicidio. El hombre que le quitó el aire a Centeno intentaba ahora negárselo a sí mismo para evadir la justicia.

Fue atendido por los servicios de emergencia y, desde entonces, permaneció bajo una prisión preventiva que su defensa no pudo rebatir debido a la falta de arraigo en el país.

Indemnización y cierre judicial: el acuerdo entre la familia Centeno y el acusado

El acuerdo alcanzado esta semana no solo contempla la pena de 25 años de cárcel. En un giro que busca mitigar el daño económico y evitar un proceso civil que se extendiera por años, la familia de Tamara accedió a desistir de las acciones resarcitorias a cambio de una propiedad de Moriondo ubicada en San Ramón. El abogado de la familia fue claro: ninguna propiedad devolverá la vida de Tamara, pero este paso les permite cerrar un duelo judicial que los obligaba a revivir el dolor una y otra vez.

Aunque el Juzgado Penal ya dictó la sentencia, el proceso aún aguarda un paso formal: que el Tribunal Penal de la jurisdicción homologue la resolución para que la sentencia quede en firme.

Mientras tanto, Abion John Moriondo regresó a su celda, ya no como un sospechoso, sino como un hombre que ha admitido ser el autor de un crimen que conmocionó a Palmares y San Ramón.

La historia de Tamara Centeno, la joven que murió por el simple hecho de querer ser madre y el egoísmo de quien juró protegerla, se convierte hoy en una estadística de dolor, pero también en un recordatorio de que, a pesar de los intentos de fuga o silencio, la verdad suele encontrar su camino hacia la luz en los tribunales.