Gobierno costarricense plantea congelar presupuesto del FEES para 2027 pese a avances récord de universidades públicas

El Poder Ejecutivo de Costa Rica propuso mantener sin crecimiento el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2027, a pesar de los avances significativos presentados por las universidades públicas en indicadores clave de desempeño, inclusión y cobertura.

La propuesta fue planteada durante la segunda reunión de la Comisión de Enlace, celebrada en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en el marco de la negociación anual de este fondo, que financia a las universidades estatales de Costa Rica.

El FEES es el principal instrumento de financiamiento de la educación superior pública en el país. A través de este fondo, el Estado garantiza el funcionamiento de universidades como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional. Estos recursos permiten sostener becas estudiantiles, investigación científica, programas de acción social, formación profesional e innovación.

Su existencia está respaldada por el artículo 85 de la Constitución Política, que obliga al Estado a asegurar el financiamiento de la educación superior pública mediante un fondo especial. Sin embargo, aunque la Constitución establece que el país debe destinar al menos un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación en general, no fija un porcentaje específico para el FEES, cuyo monto se negocia cada año entre el Gobierno y las universidades.

En los últimos años, el crecimiento de este fondo ha sido limitado. Para 2025, el FEES rondó los ₡587 mil millones, mientras que para 2026 se acordó un monto cercano a los ₡593 mil millones, con un incremento de apenas alrededor del 1%. Este comportamiento ha generado preocupación en el sector académico, que advierte sobre una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y el aumento de costos operativos.

En este contexto, la propuesta gubernamental para 2027 plantea un crecimiento nominal del 0%, es decir, mantener el mismo monto asignado en 2026. En términos reales, esto implicaría una reducción del financiamiento disponible para las universidades públicas.

Durante la reunión, las autoridades universitarias expusieron los resultados del Informe de Cumplimiento de Indicadores 2025, el cual refleja un desempeño superior a lo proyectado. Según los datos presentados, 17 de los 20 indicadores evaluados alcanzaron o superaron el 90% de cumplimiento, mientras que 11 incluso sobrepasaron el 100%, lo que evidencia un nivel de ejecución que excede los compromisos previamente establecidos.

Las cifras muestran avances en áreas estratégicas. En inclusión, las universidades públicas lograron atender el 100% de las solicitudes de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, beneficiando a un total de 2.644 personas. Además, más de 53,800 estudiantes recibieron becas socioeconómicas, lo que refuerza el papel de estas instituciones en la movilidad social.

En cuanto al acceso, se registró un incremento histórico en la matrícula de estudiantes provenientes de territorios indígenas, con un 90% de los graduados de secundaria de estas comunidades integrándose al sistema universitario. Asimismo, la expansión de sedes fuera de la Gran Área Metropolitana permitió alcanzar cifras récord en regionalización, consolidando la presencia de la educación superior pública en distintas zonas del país.

El informe también resalta mejoras en la calidad académica, reflejadas en el aumento de carreras acreditadas y en la actualización de planes de estudio en áreas con mayores desafíos de empleabilidad. A esto se suma el desarrollo de más de 3,000 proyectos de investigación y acción social, enfocados en fortalecer el vínculo entre las universidades, las comunidades y los sectores productivos.

Otro de los puntos destacados fue la transformación digital del sistema universitario, con un 43% de los cursos impartidos con apoyo de tecnologías digitales, lo que evidencia una adaptación progresiva a nuevos modelos educativos.

Pese a estos resultados, la propuesta del Ejecutivo no contempla aumentos. Desde CONARE, los rectores manifestaron su rechazo al planteamiento, al considerar que un congelamiento presupuestario compromete la sostenibilidad de programas clave, incluyendo becas, iniciativas de regionalización y proyectos de innovación.

Además, advirtieron que mantener el mismo monto asignado en 2026 para el año siguiente no responde al crecimiento de la demanda educativa ni a las necesidades del país en formación de talento humano, investigación y reducción de brechas sociales.

El señalamiento de los rectores apunta a que existe una desconexión entre los resultados obtenidos por las universidades públicas y la propuesta de financiamiento presentada por el Gobierno. A su criterio, el desempeño demostrado debería traducirse en un fortalecimiento del presupuesto y no en su congelamiento.

La discusión sobre el FEES es uno de los procesos más relevantes en la agenda educativa y fiscal del país, ya que define el alcance de la educación superior pública y su capacidad de respuesta ante los desafíos nacionales.

También refleja la tensión entre la contención del gasto público impulsada por el Gobierno y la necesidad de inversión en educación como motor de desarrollo.

Por ahora, la negociación continuará en las próximas sesiones de la Comisión de Enlace, donde se espera que ambas partes logren acercar posiciones. El objetivo, según indicaron las autoridades universitarias, es alcanzar un acuerdo que reconozca los avances logrados y garantice la sostenibilidad del sistema universitario público.