Presidenta electa de Costa Rica adoptará el modelo de seguridad de Bukele para enfrentar el narcotráfico

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, adoptará el modelo de seguridad de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, para impulsar su estrategia de lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con la Agencia AFP, Fernández explicó que mantiene un dialogó con Bukele, quien “una vez más reiteró su compromiso de seguir colaborándonos y cooperando para que el país lleve ese proyecto de la cárcel y muchos otros más, donde El Salvador es ejemplo, a buen puerto”.

La presidenta electa se compromete a implementar medidas estrictas de seguridad, tomando como referencia las estrategias aplicadas por el estado salvadoreño con el objetivo de combatir la violencia asociada al narcotráfico, problemática que el gobierno atribuye a las limitaciones del sistema judicial.

Para Fernández, la clave está en “cortar la conexión del crimen organizado con el mundo exterior”, motivo por el cual sostuvo que “esa cárcel tiene que ser una realidad”.

La futura mandataria, politóloga de 39 años y exministra de la gestión de Rodrigo Chaves, subrayó que la experiencia de El Salvador puede seguir nutriendo las políticas costarricenses: “El Salvador, que logró recuperar su sociedad después de estar sumida en una crisis de violencia sin precedentes a nivel mundial y logró darle vuelta a esa ecuación, puede seguir brindándonos su experiencia”.

Bukele impulsó una ofensiva contra las pandillas que redujo la violencia en El Salvador a mínimos históricos, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado violaciones graves a las garantías individuales en ese proceso.

Durante décadas, el país tico fue percibido como uno de los más seguros de América Latina. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el país dejó de ser solo territorio de tránsito y se transformó en un nodo logístico y de exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Tal como lo indicó Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la AFP.

Este giro en la dinámica criminal elevó la seguridad a primer plano en la agenda nacional y explica el peso que ha tenido el tema en las recientes elecciones presidenciales.

Resultado electoral y composición legislativa

Con 48 % de los votos válidos, Fernández obtuvo el triunfo en primera vuelta, respaldada por una elevada concurrencia que revirtió la tendencia abstencionista reciente.

Aunque la mayoría legislativa facilita la gobernabilidad, no alcanza para reformas constitucionales ni para cambios estructurales sin acuerdos adicionales. El escenario deja a un país dividido: 51 % del electorado no votó por la presidenta electa y cerca del 30 % se abstuvo.

El traspaso de funciones previsto para el 8 de mayo marcará el inicio del mandato de Fernández, con una agenda centrada en la seguridad pública y el respaldo de una mayoría legislativa.

Uno de los pilares en la futura gestión de será la seguridad pública. La presidenta electa ha anunciado que priorizará el combate a la violencia y al narcotráfico mediante políticas de mano dura, tomando como referencia las estrategias implementadas en El Salvador.

Fernández buscará fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, impulsar reformas legales y coordinar acciones entre los distintos cuerpos de seguridad, con el objetivo de restablecer el orden y la tranquilidad en el país.

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado un aumento sostenido en los índices de violencia asociados al narcotráfico. El país, tradicionalmente considerado un territorio de tránsito para las rutas internacionales de drogas, ha experimentado una expansión de las organizaciones criminales y de los delitos vinculados a la disputa por el control territorial.

Las autoridades señalan que el narcotráfico ha impactado tanto en la seguridad ciudadana como en las instituciones estatales, generando preocupación por la capacidad de respuesta y la necesidad de fortalecer las herramientas legales y operativas para enfrentar este fenómeno. El combate a estas estructuras criminales representa uno de los desafíos centrales para el próximo gobierno.