La Justicia federal allanó este miércoles las oficinas de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Geriátricos del Gobierno de la Ciudad, a raíz de los contagios por coronavirus que se produjeron en el hogar San Lucas, de Parque Avellenda. Trece adultos que vivían allí murieron y otras 29 personas están infectadas, según indicaron a Infobae fuentes judiciales.
El procedimiento fue dispuesto por el fiscal Guilllermo Marijuan, quien investiga la responsabilidad de funcionarios del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en los controles sobre ese geriátrico. La investigación inicial está en manos de la Justicia de la Ciudad, pero Marijuan, que estaba de turno en el momento en que ocurrieron los hechos, analiza pedirle al juez Rodolfo Canicoba Corral que impulse la inhibitoria de ese fuero para que el expediente quede bajo la órbita de Comodoro Py.
Es que, si bien en el marco de la pandemia la justicia de la ciudad intervino en varias causas por violación a la cuarentena, es la competencia federal la que interviene en la causas en donde se investigue la propagación de “una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, aseguraron.
El hogar San Lucas está ubicado en la calle Medina 1650, en Parque Avellaneda. Quedó bajo la lupa el 22 de abril pasado cuando el hijo de una de las personas que viven en lugar denunció que había varios mayores que presentaban síntomas compatibles con COVID-19. Varias ambulancias del PAMI trasladaron a las personas para realizarles los hisopados: uno de ellos falleció y otros ocho estaban contagiados.
Según confirmaron fuentes judiciales, después de aquel día los fallecidos llegan a 13 y hay otra veintena de personas infectadas. Se cree que una de las personas que trabajaban en el lugar fue el motor de los contagios.
Los geriátricos son unos de los lugares más vulnerables frente al coronavirus. El primer caso en la Ciudad se dio en la residencia de avenida Los Incas al 1100, en el barrio de Belgrano. Ahí se contagiaron 14 adultos mayores que residen allí y 4 trabajadores. En la causa interviene el fiscal porteño Maximiliano Vence, que ordenó la evacuación y luego dispuso varios allanamientos. Ahí, el foco inicial inicial estuvo puesto en el abandono de personas.
En la primera semana de mayo, en tanto, se conoció el caso del geriátrico Carpe Diem, ubicado en la calle Paraguay al 2400, en Recoleta. Ahí la causa también se tramita en los tribunales de Retiro. Interviene el juez Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en el fiscal Federico Delgado.
Desde Geriátricos de Buenos Aires, un grupo de 70 establecimientos geriátricos de la Ciudad, manifestó a las autoridades sanitarias, a los ministerios y municipalidades de la Ciudad, su extrema preocupación por la situación en la que se hallan los establecimientos geriátricos en cuanto al COVID-19, especialmente por tratarse de la comunidad más sensible y expuesta. De esta forma, pidieron un protocolo claro y asistencia inmediata en caso de baja simultanea de varios empleados ante la sospecha de contagio para evitar que tengan contacto con los pacientes.
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