Caso Centros Poblados: condenan a más de doce años de prisión a Ottomar Lascarro por enriquecimiento ilícito

La justicia colombiana impuso una condena de 12 años y 9 meses de prisión contra Ottomar José Lascarro Torres por su participación en el entramado de corrupción conocido como Centros Poblados.

El fallo, emitido por una juez penal de conocimiento de Bogotá, respondió a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostró que el empresario facilitó la constitución ilegal de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, lo que permitió la adjudicación de un contrato por más de un billón de pesos para llevar internet a escuelas rurales.

Sentencia y delitos imputados

Según lo informado por la Fiscalía, la condena a Ottomar Lascarro incluye una pena de prisión de más de doce años, una multa de $2.452 millones y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de 153 meses. El empresario fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Durante el proceso, el ente acusador argumentó que Lascarro Torres suministró los nombres, la experiencia y los datos financieros de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en el proceso contractual.

La decisión judicial, de acuerdo con el comunicado oficial, respondió a la evidencia de que Lascarro Torres favoreció la conformación de la unión temporal a la que el MinTIC adjudicó el contrato de conectividad rural para más de 7.000 escuelas en el país.

“Sentido de fallo condenatorio contra Ottomar Lascarro Torres por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, por un billón de pesos, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país”, precisó la Fiscalía.

El mecanismo de la corrupción

Las investigaciones lideradas por la Dirección Especializada contra la Corrupción establecieron que Ottomar Lascarro intervino aportando documentación de sus empresas dedicadas a la construcción, con el objetivo de consolidar la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020.

Este accionar permitió que la unión temporal acreditara, ante el MinTIC, la capacidad técnica y financiera requerida para la licitación. Como resultado, los funcionarios del Ministerio adjudicaron el contrato de conectividad rural, valorado en más de un billón de pesos.

Por sus actuaciones, Lascarro Torres recibió cerca de 250.000 dólares, dinero que fue transferido a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos. La Fiscalía sostuvo que el condenado pretendía obtener hasta $4.000 millones por su rol en el entramado que permitió a Centros Poblados quedarse con la millonaria contratación pública.

Impacto y antecedentes del caso

El caso Centros Poblados representa uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia, con ramificaciones en el sector público y privado. El escándalo salió a la luz tras revelarse cómo la adjudicación del contrato 1043 de 2020 estuvo marcada por irregularidades en la documentación y la experiencia técnica de los integrantes de la unión temporal. El entramado también involucró a otros contratistas como Emilio Tapia, que figura entre los principales investigados.

La condena contra Lascarro Torres corresponde a una sentencia de primera instancia y admite los recursos legales previstos por la legislación colombiana. Durante el juicio, el empresario intentó probar su inocencia, pero la Fiscalía logró que el tribunal acogiera sus argumentos y las pruebas presentadas. La magistrada a cargo del caso fijará próximamente la fecha para la ejecución de la pena y demás sanciones derivadas del fallo.

La Fiscalía General de la Nación subrayó que la condena contra Lascarro Torres representa un avance en la lucha contra la corrupción en el sector de la contratación pública.

El comunicado oficial enfatizó: “Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, y acreditar la capacidad técnica y trayectoria suficientes. De esta manera, hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTic que les adjudicaron el contrato de conectividad rural”.