Patrimonio de la excongresista Gloria Arizabaleta está en la mira de la Corte Suprema: habría amenazado con acusar a Gustavo Petro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avanza en la investigación contra la excongresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta y, dentro de las pruebas decretadas, ordenó rastrear sus bienes, movimientos financieros y patrimonio para establecer si recibió algún tipo de beneficio económico relacionado con las decisiones que adoptó mientras integró la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La medida hace parte de la indagación formal que enfrenta la exrepresentante por los presuntos delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

El expediente busca esclarecer si Arizabaleta habría recibido prebendas para dilatar, archivar o acelerar procesos relacionados con el presidente Gustavo Petro y con algunos de sus opositores.

Según reveló El Tiempo, los investigadores solicitaron revisar los bienes inmuebles registrados a nombre de la excongresista, además de sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, honorarios, anticipos, gastos de representación y otros movimientos financieros que permitan reconstruir la evolución de su patrimonio.

Entre los activos bajo la lupa figura una vivienda ubicada en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, reportada con un valor cercano a los 643 millones de pesos.

También aparece un predio en el condominio Sikasue, en la vereda El Líbano de La Calera, Cundinamarca, cuyo valor ronda los 1.800 millones de pesos y que fue objeto de un allanamiento durante las diligencias realizadas por las autoridades en julio pasado.

La revisión patrimonial también incluye un apartamento ubicado en el sector de Chapinero, en Bogotá. Personas cercanas a Arizabaleta aseguraron al diario que estas propiedades fueron adquiridas antes de que llegara al Congreso de la República.

Además de los inmuebles, la Corte revisa la participación de la exrepresentante en Inversiones Ariro S.A.S., sociedad creada en Cali en 2012 y dedicada a actividades inmobiliarias y al transporte de carga. De acuerdo con los documentos citados por el medio, Arizabaleta posee el 60 % de la empresa junto con una allegada y su hermano.

La investigación tomó mayor impulso después de los allanamientos practicados en su oficina y en su residencia de La Calera. Los magistrados buscan establecer si la entonces congresista utilizó la influencia derivada de su cargo para obtener beneficios indebidos o ejercer presiones relacionadas con expedientes que involucraban al presidente Petro.

Uno de los principales ejes del proceso corresponde a la orden mediante la cual Arizabaleta intentó suspender al jefe de Estado dentro de una investigación por una presunta participación indebida en política.

El documento, conocido públicamente el pasado 10 de junio, fue firmado desde su despacho cuando presidía la Comisión de Investigación y Acusación.

Sin embargo, esa decisión nunca produjo efectos jurídicos. La legislación colombiana establece que cualquier proceso contra un presidente de la República debe surtir un trámite especial que inicia en la Cámara de Representantes y, de prosperar, continúa en el Senado, corporación encargada del eventual juicio político. Por esa razón, la Comisión de Acusación no tenía competencia para suspender directamente al mandatario.

La Procuraduría General de la Nación ya había suspendido disciplinariamente a Arizabaleta precisamente por haber adoptado esa decisión sin cumplir las competencias y formalidades previstas en la Constitución y la ley.

En el auto disciplinario, el Ministerio Público sostuvo que la medida afectaba derechos fundamentales relacionados con la representación democrática del presidente.

Paralelamente, la Corte Suprema sostiene que cuenta con declaraciones y otros elementos probatorios sobre las presuntas presiones atribuidas a la excongresista.

Entre ellos aparecen conversaciones de chat con Alejandro Carranza, abogado del presidente Petro, que, según la hipótesis de la investigación, respaldarían posibles solicitudes de beneficios burocráticos a cambio de influir en expedientes bajo estudio.

De acuerdo con la información conocida por el periodista Melquisdec Torres, en esas conversaciones también aparece mencionado Carlos Arizabaleta, hermano de la exrepresentante y quien posteriormente heredó su curul en la Cámara de Representantes.

Por su parte, Gloria Arizabaleta ha rechazado las acusaciones y sostiene que todas sus actuaciones estuvieron ajustadas a la ley. La excongresista ha afirmado que la decisión de ordenar la suspensión temporal del presidente se basó en elementos probatorios que, a su juicio, justificaban esa medida.