Así fue el vertiginoso aumento de combatientes de los grupos armados durante los cuatro años de Petro: la cifra se duplicó,según la FIP

El último tramo del gobierno de Gustavo Petro estuvo protagonizado por el fortalecimiento inédito de las organizaciones armadas ilegales en Colombia. En julio de 2026, la cantidad de integrantes en estos grupos alcanzó los 28.802, una cifra que representa un aumento de más de 13.000 personas respecto a diciembre de 2022.

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revelado por el diario El Tiempo, durante los cuatro años de administración del saliente presidente, la expansión de estos grupos armados coincidió con la consolidación de al menos 14 frentes de confrontación simultánea.

El aumento de integrantes no solo respondió al reclutamiento, sino a la aparición de nuevas estructuras y a la reorganización de antiguas facciones. Organizaciones como el Clan del Golfo experimentaron el mayor salto, pasando de poco más de 4.000 a más de 10.000 miembros.

El ELN y las disidencias de las extintas Farc también aumentaron sus filas, mientras que otras agrupaciones, como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y Comuneros del Sur, se consolidaron como actores armados autónomos.

Este incremento de la capacidad armada tuvo consecuencias inmediatas: los desplazamientos forzados, los confinamientos y los enfrentamientos se intensificaron. Regiones como Catatumbo, Cauca, sur de Bolívar, Chocó, Arauca y Antioquia vieron agravarse las amenazas contra la población civil, así como el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas, la minería ilegal y otras economías ilícitas, señala el informe.

Entretanto, el gobierno de Petro mantuvo la ‘paz total’ como eje central de su política de seguridad, abriendo mesas de diálogo con el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Estos procesos implicaron ceses al fuego y suspensiones de operaciones ofensivas, pero no lograron frenar el crecimiento de los grupos. Diversas negociaciones se fragmentaron o suspendieron, y en muchos casos la violencia persistió en paralelo con los acercamientos.

El impacto en la seguridad y los delitos violentos

La evolución de la seguridad se reflejó en el aumento de los homicidios y otros delitos de alto impacto. Según el informe de la FIP, en 2025, Colombia registró 14.038 homicidios, lo que supuso un alza respecto al inicio del gobierno. Solo en el primer semestre de 2026, la cifra alcanzó los 6.919 casos. La tasa se mantuvo por encima de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes durante todo el periodo.

La extorsión se consolidó como fuente clave de financiación para estos grupos. Las denuncias pasaron de 9.791 en 2022 a 13.417 en 2025, y en el primer semestre de 2026 se reportaron 6.239 casos, lo que refleja un aumento de casi el 60 % respecto al mismo periodo de 2022. Comerciantes, transportadores y productores agrícolas figuran entre las principales víctimas del cobro sistemático impuesto por las organizaciones.

Además, el uso de drones armados con explosivos se convirtió en una amenaza creciente para las fuerzas de seguridad. Entre abril de 2024 y febrero de 2026 se documentaron 418 ataques con sistemas aéreos no tripulados. Esta táctica provocó que, de no haberse registrado militares heridos entre 2018 y 2022, se pasara a contabilizar 297 uniformados lesionados y 23 asesinados en los últimos cuatro años.

La minería ilegal también experimentó una expansión significativa, según el informe. Entre enero y junio de 2026, la Policía reportó 3.933 intervenciones en minas, casi triplicando el número registrado a comienzos del gobierno. Aunque el control sobre la explotación minera ilegal creció, las capturas por este delito no aumentaron al mismo ritmo.

El narcotráfico dejó de ser el único motor económico de los grupos armados. Oro, extorsión, secuestro con fines económicos, trata de personas y tráfico de migrantes pasaron a formar parte de sus fuentes de ingresos. El control territorial se extendió a minas, pasos fronterizos, ríos y carreteras, ampliando el alcance de las economías ilegales y la presión sobre las comunidades.

El cierre del periodo presidencial estuvo acompañado de una de las renovaciones más amplias en el alto mando militar y policial en décadas. Más de 80 generales y almirantes dejaron sus cargos, lo que alteró la estructura de mando en un contexto de crecimiento de las organizaciones armadas.

Analistas señalaron que la salida de oficiales con experiencia en inteligencia y planeamiento estratégico coincidió con el fortalecimiento de los grupos ilegales, complicando la respuesta institucional frente a la nueva realidad del conflicto.