Vestido con toga y birrete, Ricardo Hernández Navarrete cruzó el escenario de la secundaria Mather en Chicago tras haber recuperado la libertad apenas días antes, logrando así celebrar una graduación que estuvo a punto de perderse por su detención migratoria - crédito Stephen T. Mather High School / Facebook - WHAS11 News / Instagram
La tarde del jueves 28 de mayo de 2026, Ricardo Hernández Navarrete vivió un momento que estuvo en riesgo: su graduación en la secundaria Mather de Chicago, en Estados Unidos.
El joven colombiano pasó más de dos meses bajo custodia migratoria del ICE (Inmigración y Control de Aduanas) junto a su madre y enfrentó la incertidumbre de no saber si podría culminar esta etapa escolar.
Hasta el 26 del mismo mes, Ricardo seguía detenido en un centro de Kentucky, sin garantías de poder asistir a la ceremonia. Todo empezó el 16 de marzo, cuando durante una cita con ICE para continuar su proceso de asilo, ambos fueron arrestados, quedando separados y con el futuro académico de Ricardo en suspenso. “Significa mucho, pues es una etapa que solo se vive una vez. Estoy agradecido de vivirla”, expresó el joven a Univisión.
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La preocupación por perderse la graduación y el baile de fin de curso acompañó a Ricardo durante semanas. Desde el centro de detención, compartía su angustia: “Feliz porque sé que tengo mi diploma asegurado, pero triste porque no sé si voy a alcanzar a estar allá”, contó a El Diario de Nueva York. El fútbol, su gran pasión, se convirtió en una motivación esencial en medio de la adversidad, aunque el encierro afectó su preparación física.

Hernández al ser mayor de edad fue separado de su madre y lo trasladaron a varios centros de detención distribuidos en Indiana, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Ohio y Kentucky. Durante este periodo, su situación legal se volvió cada vez más compleja ya que no se presentaron cargos formales para la detención.
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El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el adolescente tuvo acceso a “todas las garantías procesales” durante el desarrollo de su caso migratorio, hasta su liberación a finales de mayo.
Una de las curiosidades del caso, es que un juez de inmigración le negó la fianza el mismo día de que la agencia ordenó su liberación, una decisión cuyo fundamento no ha sido esclarecido por las autoridades. De acuerdo con su abogado, la familia aún enfrenta la amenaza de deportación, lo que mantiene en vilo su estabilidad y sus planes a largo plazo.

En 2022, la familia Navarrete ingresó sin autorización al territorio estadounidense y solicitó asilo, buscando protección y nuevas oportunidades. Mientras tanto, el sistema judicial de inmigración será el encargado de determinar si la familia podrá permanecer legalmente en el país, según precisó la abogada Kelli Fennel a CBS News.
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La liberación de Ricardo y su madre, lograda tras el apoyo de decenas de personas en conjunto con la intervención de su equipo legal, permitió que finalmente ambos pudieran celebrar juntos. No obstante, las medidas impuestas incluyen la obligación de presentarse ante el ICE cada dos semanas, el uso obligatorio de un monitor de muñeca y la entrega diaria de fotografías personales. Además, Hernández Navarrete debe notificar a la agencia si decide salir de la región asignada.
En palabras de Enrique Cervantes, entrenador de la escuela secundaria donde estudió Hernández Navarrete, el joven no representa el perfil que habitualmente se utiliza para justificar políticas migratorias estrictas: “Claramente no es uno de los criminales peligrosos que la administración Trump cita habitualmente para justificar su agresiva campaña de deportaciones”.
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Cervantes enfatizó el perfil de su exalumno, describiéndolo como “alguien que va a la escuela, trabaja, intenta superarse y busca un futuro a nivel universitario”, por esto Navarrete consiguió una beca deportiva para seguir estudiando en el Truman College.

El contexto en el que se desarrolla este caso es especialmente tenso para los ciudadanos colombianos. Según la organización Transactional Records Access Clearinghouse (Trac) de la Universidad de Syracuse, la cifra de deportaciones desde Estados Unidos alcanzó un récord histórico: solo en marzo, 4.075 colombianos fueron expulsados, el mayor número mensual desde que existen registros electrónicos en 1998. Esta tendencia evidencia la presión creciente sobre las familias que buscan asilo y una vida estable fuera de su país de origen.
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