La SAE recuperó 32 inmuebles vinculados a un exsocio de alias el Mexicano y amigo de los Castaño

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la recuperación de 32 inmuebles, valorados en $19.500 millones, que estaban relacionados con las operaciones financieras del narcotraficante Francisco Javier Piedrahita Sánchez en Antioquia.

El procedimiento responde a medidas cautelares dictadas por la justicia colombiana y marca un avance en el desmantelamiento de los bienes ilícitos asociados al paramilitarismo y el narcotráfico en la región.

Operativo y contexto judicial

La SAE informó el 1 de junio que la recuperación de los bienes se llevó a cabo sobre propiedades que permanecían ocupadas por particulares, a pesar de estar bajo administración estatal.

Estos inmuebles, distribuidos en distintas zonas de Antioquia, estaban ligados a procesos de extinción de dominio abiertos por la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades confirmaron que el caso tiene vínculos directos con investigaciones sobre las finanzas del narcotráfico y las estructuras paramilitares, específicamente las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

Durante la verificación, la SAE detectó que las propiedades seguían bajo la tenencia de Ana Paulina Uribe Lopera, excompañera sentimental de Piedrahita Sánchez, y otros familiares.

Parte de estos activos habrían sido subarrendados, generando presuntos beneficios económicos para su entorno, pese a que permanecían sujetos a medidas judiciales. Las investigaciones, conocidas como Parqueadero Padilla, documentaron operaciones de lavado de activos, narcotráfico y un incremento patrimonial injustificado asociado a organizaciones criminales que operaban en varias regiones del país.

El entramado económico tras la muerte de Piedrahita Sánchez

Francisco Javier Piedrahita Sánchez, fallecido en 2016, fue señalado como uno de los principales operadores financieros del paramilitarismo en Colombia. Su caída no supuso el fin de su influencia económica.

Tras su muerte, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llevó a cabo un megaoperativo en Sucre, Córdoba y Antioquia, donde incautó bienes que habrían quedado ocultos a nombre de familiares y socios.

El exnarcotraficante fue socio de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, cabecilla del Cartel de Medellín, y mantenía una relación cercana con Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Fiscalía estableció que muchas propiedades estaban a nombre de la exesposa de Piedrahita, su hijo Andrés Felipe Piedrahita Uribe, y su cuñada Margarita Inés Uribe Lopera, así como de la sociedad Uribe Lopera y Cía. S. A., dedicada a la ganadería. Entre los bienes incautados figuran lotes en La Candelaria (Antioquia) y Momil (Córdoba), además de apartamentos lujosos en Medellín, casas en Antioquia y fincas en Valencia (Córdoba).

Impacto social y riesgos para la justicia

La SAE subrayó que este proceso responde a medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo decretadas por la justicia en los procesos de extinción de dominio.

Las investigaciones expusieron graves riesgos para los funcionarios encargados de esclarecer la estructura financiera de estos grupos criminales. Durante las indagaciones lideradas por el fiscal Gregorio Oviedo y el CTI, 14 investigadores fueron asesinados en hechos atribuidos a organizaciones criminales interesadas en evitar el avance de las pesquisas.

La recuperación de estos bienes representaron un reconocimiento al trabajo de fiscales, jueces, investigadores y servidores públicos que enfrentaron a algunas de las organizaciones más violentas del país. La SAE indicó que la protección del patrimonio estatal y la destinación de estos activos a fines sociales constituyen pasos relevantes en la lucha contra la economía ilegal.

Destino social de los activos incautados

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, uno de los inmuebles recuperados se destinará a la creación de un refugio para 146 animales domésticos en condición de abandono.

Este proyecto, realizado en conjunto con la Alcaldía de Guarne, ofrecerá instalaciones adecuadas y atención para perros y gatos rescatados en la región. La directora de la SAE, Amelia Pérez, declaró que estos bienes serán comercializados para reparar a víctimas de desplazamiento forzado y crímenes paramilitares, o destinados a organizaciones sociales campesinas, aportando a proyectos de reforma agraria.

“Esta destinación refleja el propósito de la Sociedad de Activos Especiales de recuperar y proteger los bienes bajo su administración, transformando activos provenientes de economías ilícitas en oportunidades que generan beneficios sociales para las comunidades y para todos los colombianos”, comunicó la entidad.