Golpe millonario a la minería ilegal en Vichada: Ejército decomisó toneladas de coltán y tierras raras valuadas en más de $3.000 millones

La extracción ilegal de minerales estratégicos volvió a quedar en evidencia en el oriente del país. En una operación desarrollada en zona rural de Puerto Carreño, Vichada, las autoridades decomisaron cerca de cinco toneladas de tierras raras que, según las primeras estimaciones, tendrían un valor superior a los 3.000 millones de pesos en el mercado ilegal.

El operativo se llevó a cabo en el sector de Casuarito, una zona fronteriza que desde hace varios años permanece bajo vigilancia de las autoridades por posibles actividades relacionadas con minería ilícita y tráfico de recursos minerales. Allí, tropas del Ejército Nacional llegaron hasta un punto donde, presuntamente, funcionaba una explotación clandestina de yacimientos mineros.

La acción militar fue resultado de varios días de inteligencia, seguimiento e infiltración en el área. De acuerdo con información entregada por las Fuerzas Militares, la intervención estuvo liderada por la Brigada 28 del Ejército, con apoyo del Gaula Militar Oriente, la Armada Nacional y la Policía. Durante el procedimiento no solo fueron encontradas las toneladas de minerales. Las autoridades también incautaron una camioneta, una motocicleta, radios de comunicación y varios teléfonos celulares que ahora harán parte de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

Entre el material decomisado aparecen minerales como estaño y coltán, recursos altamente apetecidos en mercados internacionales por su uso en industrias tecnológicas y electrónicas. Ambos hacen parte de los llamados “minerales de transición”, fundamentales para la fabricación de baterías, dispositivos móviles y componentes utilizados en nuevas tecnologías. Precisamente ese valor estratégico convirtió estas explotaciones ilegales en una fuente de financiación para organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país. Según el Ejército, este tipo de economías ilícitas permite que grupos armados obtengan recursos para adquirir armamento, explosivos y equipos tecnológicos utilizados en acciones violentas.

“La extracción de estos recursos representa un alto valor dentro de las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en el oriente colombiano, permitiéndoles adquirir armas, explosivos y, en muchas ocasiones, drones con los que llevan a cabo sus acciones criminales”, señalaron desde la institución militar.

El hallazgo también volvió a poner sobre la mesa las dificultades de control en territorios apartados del suroriente colombiano, donde las condiciones geográficas y la cercanía con corredores fronterizos facilitan este tipo de actividades ilegales. En departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés, las autoridades intensifican operaciones durante el último año para frenar el tráfico de minerales extraídos de manera irregular.

Aunque el decomiso representa un golpe para las estructuras criminales que se benefician de este negocio, las autoridades reconocen que el fenómeno sigue creciendo por la alta demanda internacional de minerales estratégicos. El coltán, por ejemplo, es utilizado en la fabricación de celulares, computadores y componentes electrónicos, lo que lo convierte en uno de los recursos más codiciados dentro de los mercados ilegales.

Las Fuerzas Militares explicaron que estas explotaciones suelen desarrollarse en zonas apartadas y de difícil acceso, donde la presencia estatal es limitada. Allí, grupos ilegales aprovechan corredores fluviales y pasos fronterizos para mover el material hacia otros países o centros de comercialización clandestina.

En el caso de Vichada, la preocupación también se concentra en los impactos ambientales que deja la extracción irregular de estos minerales. Las autoridades han advertido que muchas de estas actividades generan afectaciones sobre fuentes hídricas, suelos y ecosistemas sensibles de la región, además de alterar dinámicas sociales y económicas en comunidades rurales.

Las investigaciones ahora buscan establecer quiénes estarían detrás de la explotación ilegal detectada en Casuarito y cuál era la ruta que tendría el cargamento incautado. La Fiscalía asumió el proceso judicial y analizará los elementos decomisados durante el operativo para identificar posibles redes criminales vinculadas al tráfico de minerales.