Ministro de defensa no descarta injerencia de grupos ilegales en conflicto entre pueblos indígenas Nasa y Misak

Los recientes enfrentamientos entre comunidades indígenas Nasa y Misak en Silvia, Cauca provocaron la intervención inmediata del Ministerio de Defensa de Colombia.

Según el saldo oficial es de siete personas fallecidas y más de 110 heridas, incluidos menores de edad. Las autoridades desplegaron más de 750 integrantes de la Fuerza Pública en la zona para atender la solicitud de las comunidades y ante la alerta por la presencia de grupos armados ilegales.

El Ministerio de Defensa intervino en Silvia debido a la gravedad de los hechos y a una petición concreta de las poblaciones indígenas. El objetivo principal fue restaurar el orden público, proteger la vida y brindar acompañamiento institucional tras el violento episodio.

Acciones del Ministerio de Defensa y mensaje institucional

Durante un Puesto de Mando Unificado realizado en Popayán, el ministro Pedro Sánchez señaló que la máxima prioridad del Gobierno es “Proteger la vida, pues es un deber constitucional”.

En su evaluación con la cúpula militar y otras autoridades, Sánchez detalló que la Fuerza Pública llegó al territorio por pedido de las mismas comunidades, equipados con todas las capacidades requeridas, incluidos más de 250 militares de la Brigada 29 del Ejército y refuerzos aéreos.

Sánchez insistió en que la función de la institución no es resolver disputas agrarias: “La Fuerza Pública no soluciona conflictos de tierras. Protege la vida”.

El ministro enfatizó: “Cuando las comunidades indígenas abrazan a la Fuerza Pública, le cierran las puertas a la violencia”. Además, recalcó que solo la Fuerza Pública puede portar armas en Colombia, reafirmando el “monopolio del uso de armas” como mandato legal.

Presunta intervención de grupos armados ilegales

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, existe la sospecha de que estructuras criminales vinculadas al narcotráfico incidieron en la violencia registrada. Sánchez identificó a la denominada estructura de alias Mordisco y a su lugarteniente alias Marlon como responsables de presionar sectores de la comunidad indígena local para actividades ilícitas.

En una rueda de prensa, el ministro expresó: “Hemos concluido que podría haber una incidencia de algún actor criminal”, en referencia a la presencia de sicarios, reclutadores de menores y grupos responsables de asesinatos en la zona. Hace aproximadamente un mes, la región fue escenario de otra masacre que dejó 21 víctimas mortales.

Posteriormente, el Gobierno reforzó su acompañamiento institucional para brindar vigilancia, atención a los heridos y prevenir nuevos hechos violentos.

Disputa histórica por tierras y respuesta a la comunidad

El origen del conflicto en Silvia está vinculado a una disputa histórica entre los pueblos Nasa y Misak por la propiedad y tenencia de tierras. El Tiempo resalta que estas tensiones se han prolongado por años, derivando periódicamente en episodios violentos que exigen la intervención estatal.

El enfrentamiento más reciente llevó a la instalación de mecanismos de acompañamiento institucional para atender a los afectados, realizar levantamientos forenses y buscar soluciones duraderas. El Ministerio de Defensa ha reiterado su compromiso de proteger “a todos los pueblos indígenas sin distinción alguna”.

Sánchez subrayó que nadie salvo la Fuerza Pública puede legítimamente portar armas, y que la seguridad de la región depende de la cooperación entre comunidades y autoridades.

El ministro Sánchez llamó a identificar a los verdaderos causantes de la violencia, remarcando que los grupos criminales constituyen la principal amenaza para la vida y el territorio, no así las comunidades indígenas que se han visto envueltas en el conflicto.

Sin embargo, en la mañana del 23 de mayo, la Defensoría del Pueblo informó que los pueblos indígenas Misak y Nasa alcanzaron un acuerdo en el departamento del Cauca al amanecer del sábado 23 de mayo para frenar los enfrentamientos registrados en el municipio de Silvia y evitar nuevos episodios de violencia.

El convenio contempló la liberación de comuneros retenidos, la extracción del cadáver de un integrante Misak y mecanismos de prevención. Entre los compromisos quedó establecido: “Se propenderá al desescalonamiento del lenguaje, el uso adecuado y responsable de las informaciones y comunicados en las redes sociales y la no agresión entre los pueblos”.