Gustavo Petro dio cuatro nuevas órdenes para proteger el sistema de pensiones tras no poder trasladar los ahorros a Colpensiones

Ante la decisión del Consejo de Estado de suspender el Decreto 415 de 2026, que buscaba el traslado de $25 billones desde los fondos privados de pensión a Colpensiones para cumplir con obligaciones, el Gobierno de Gustavo Petro emitió la Directiva Presidencial No 04 para coordinar la respuesta estatal y asegurar la continuidad del Sistema General de Pensiones.

En la normativa, el Gobierno sostiene que respeta de manera absoluta la independencia y autonomía de la Rama Judicial y reconoce el carácter obligatorio de las decisiones judiciales.

Dispuso, entonces, que los ministerios de Hacienda y Trabajo, la Superintendencia Financiera de Colombia, Colpensiones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Secretaría Jurídica de la Presidencia actúen de manera conjunta. El propósito es proteger los derechos de afiliados y pensionados y mantener la operatividad del sistema, luego de que el traslado de ahorros pensionales quedara en suspenso por decisión judicial. La instrucción busca preservar derechos y la estabilidad para millones de ciudadanos que dependen de la seguridad social.

El trasfondo del conflicto es la reforma pensional aprobada mediante la Ley 2381 de 2024, cuyo artículo 76 abrió una ventana excepcional para que trabajadores próximos a pensionarse pudieran trasladarse desde las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hacia Colpensiones. La medida implicaba el movimiento de grandes recursos financieros y la posibilidad para que cada trabajador decidiera si le convenía más el régimen público de prima media, que garantiza una pensión vitalicia, o el sistema privado de ahorro individual.

La Ley 2381 de 2024 establece que las AFP sigan gestionando los recursos hasta la consolidación del derecho pensional. En ese instante, los fondos deben transferir los ahorros a Colpensiones para garantizar la prestación de la pensión vitalicia. La novedad de la norma reside en regular este traspaso y dar certidumbre a quienes estaban próximos a pensionarse, entregando la coordinación y vigilancia al Estado.

Suspensión del traslado de ahorros y su impacto en el sistema general de pensiones

La discusión judicial tomó relevancia cuando la Corte Constitucional, mediante el Auto 841 de 2025, dejó vigente el artículo 76, pero ordenó suspender otros apartados de la Ley 2381 de 2024, a la espera de un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad. Con esa habilitación, el Gobierno emitió el Decreto 415 de 2026, que concretaba el giro de los recursos desde las cuentas individuales hacia Colpensiones para aquellos trabajadores ya habilitados para recibir pensión.

Luego, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional ese decreto en 2026 dentro de procesos de nulidad todavía abiertos. La medida, aunque no definitiva, impide su aplicación inmediata y dejó el derecho al traslado vigente solo en lo legal, lo que creó un escenario de incertidumbre que afecta tanto a ciudadanos como a las entidades responsables del sistema. Surge así una “zona gris” que dificulta la implementación práctica de la reforma.

El fallo judicial afectó la ejecución del traslado de ahorros y generó un vacío informativo y operativo para los afiliados, así como para quienes dependen de la seguridad social en Colombia. Las autoridades enfrentan ahora el reto de garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos en un entorno marcado por la indefinición institucional.

Las instrucciones de la Directiva Presidencial para asegurar la continuidad del sistema pensional

La Directiva Presidencial 04, firmada el 19 de mayo de 2026 por el presidente Gustavo Petro, establece cuatro líneas de acción inmediata.

• Acciones de vigilancia y seguimiento institucional:

Exige a la Superintendencia Financiera de Colombia que “adelante las actuaciones de vigilancia y seguimiento que considere pertinentes respecto de los efectos administrativos, operativos y financieros derivados de la aplicación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024”, destacando la protección de afiliados, la trazabilidad de los recursos y la obligación de informar al consumidor financiero.

El documento añade que “la Superintendencia Financiera de Colombia remitirá al Gobierno nacional un informe técnico preliminar sobre el estado general de la situación y las medidas que, dentro del ámbito de sus competencias, estime pertinentes”. Así, se busca prevenir riesgos y mejorar la calidad de la información pública sobre el estado de la seguridad social.

• Coordinación interinstitucional:

Se insiste en la coordinación entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera de Colombia y Colpensiones para:

- Garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de seguridad social en pensiones.

- Proteger los derechos de los afiliados y pensionados.

- Preservar la adecuada administración de los recursos del sistema.

- Brindar información clara, suficiente y oportuna a la ciudadanía.

Hay énfasis en la atención a adultos mayores y personas próximas a jubilarse.

• Evaluación técnico-jurídica:

Corresponde a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, con el apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicha evaluación deberá considerar, en especial:

- La protección efectiva del derecho fundamental a la seguridad social.

- Los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica.

- El principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales.

- La sostenibilidad financiera y estabilidad institucional del sistema pensional.

- El respeto integral por la independencia judicial y la separación de poderes.

• Seguimiento:

Ordena a todas las entidades destinatarias enviar información regular a la Secretaría Jurídica para efectos de seguimiento y articulación estatal.

“La seguridad social constituye un derecho irrenunciable y un servicio público de carácter obligatorio cuya dirección, coordinación y control corresponden al Estado”, señala la directiva, que también subraya el deber institucional de garantizar la continuidad del sistema, especialmente para los grupos con protección reforzada.