Defensoría alerta por nuevo paro armado en el sur del país: más de 13.000 personas estarían en riesgo

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por un nuevo paro armado en el sur de Colombia y advirtió que más de 13.000 personas podrían verse afectadas por las restricciones y confrontaciones entre grupos armados ilegales en Putumayo, Caquetá y Amazonas.

La advertencia fue emitida en un comunicado oficial divulgado este viernes 15 de mayo, luego de que comenzara a circular un audio en el que se anuncia un paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán.

Según información conocida por la Revista Semana, la situación humanitaria no es reciente y desde diciembre de 2025 varias comunidades han enfrentado limitaciones a la movilidad por cuenta de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales.

Disputa entre disidencias mantiene bajo presión a las comunidades.

La Defensoría señaló que las afectaciones se presentan en medio de confrontaciones entre el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco, y el grupo liderado por alias Calarcá Córdoba.

La disputa impacta directamente a comunidades indígenas, campesinas y poblaciones ribereñas que dependen de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza para actividades de transporte, abastecimiento y movilidad cotidiana.

“Esta amenaza se suma a una situación que no es reciente”, indicó el organismo en su pronunciamiento.

Más de 12.000 personas afectadas en Putumayo.

Uno de los focos principales de preocupación se concentra en el departamento del Putumayo, donde la Defensoría confirmó la suspensión del servicio público fluvial y del transporte escolar en varias zonas ribereñas.

En Puerto Guzmán, las restricciones afectan a más de 6.300 personas pertenecientes a comunidades indígenas Nasa e Inga.

Mientras tanto, en Puerto Leguízamo el impacto alcanza a más de 5.800 personas de ocho comunidades Murui Muina y Coreguaje.

La entidad alertó que estas limitaciones afectan la movilidad, el acceso a servicios básicos y las dinámicas diarias de las poblaciones ubicadas en esas zonas del país.

Elecciones del 31 de mayo podrían verse afectadas.

La Defensoría también expresó preocupación por las posibles consecuencias que el paro armado tendría sobre la logística electoral de las elecciones presidenciales programadas para el próximo 31 de mayo.

Según explicó el organismo, las dificultades de movilidad por vía fluvial podrían impedir el traslado de material electoral y la instalación de 26 mesas rurales de votación.

De acuerdo con el reporte oficial, 12 mesas estarían en riesgo en Puerto Leguízamo y otras 14 en Puerto Guzmán.

La advertencia se produce en plena recta final de la campaña presidencial y en medio de las preocupaciones sobre garantías de seguridad y participación en algunas regiones del país.

Amazonas y Caquetá también reportan confinamientos.

En Amazonas, la Defensoría reportó que permanecen confinados 488 núcleos familiares, equivalentes a 1.706 personas pertenecientes a 14 comunidades del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA).

Las comunidades han denunciado desabastecimiento, aumento en los precios de alimentos y dificultades para acceder a combustible.

Por su parte, en Caquetá las restricciones afectan sectores del municipio de Cartagena del Chairá y la comunidad de Peñas Rojas, en Solano.

Además, las inspecciones de Coemaní y Araracuara, así como varios resguardos indígenas, permanecen bajo observación prioritaria por parte de las autoridades.

Defensoría pidió acción urgente del Gobierno.

La entidad recordó que este escenario ya había sido advertido en la Alerta Temprana 001 de 2025 y aseguró que desde diciembre del año pasado se han emitido varios oficios relacionados con el deterioro de la situación de orden público.

Ante el panorama actual, la Defensoría solicitó activar rutas de prevención, convocar un subcomité ampliado con autoridades de los tres departamentos y adoptar medidas para garantizar la seguridad de las elecciones y la protección de la población civil.

Asimismo, exhortó a los grupos armados ilegales a levantar las restricciones y respetar el tránsito de la misión médica en la región.