
A dos semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, las disidencias de las Farc encabezadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, estarían presionando a comunidades rurales en Guaviare, Meta y Caquetá para condicionar el apoyo electoral. Según audios difundidos por Noticias RCN, el grupo armado exigiría a los habitantes presentar un carné obligatorio bajo amenaza de perder tierras y con cobros de hasta $200.000.
El informe de inteligencia citado por el mismo medio identifica a alias Rogelio Benavidez como responsable directo de esta comunicación, empleado para forzar a las poblaciones rurales del sur colombiano. El objetivo sería asegurar respaldo para el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, según la información divulgada por el noticiero.
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En la grabación difundida, se escucha: “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda juepuerca (sic), porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”. La amenaza incluyó advertencias explícitas sobre represalias: “El que no tenga el carné paga 150 o 200.000 pesos o si no, se va del territorio. ¿Usted qué prefiere? ¿Perder su pedazo de tierra por no pagar un carné? Uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega”, declaró el presunto cabecilla.
Los habitantes que rechacen el proceso de carnetización serían objeto de intimidación y podrían enfrentar la pérdida de sus propiedades, conforme a los testimonios recogidos por el medio. En otra parte del audio, el interlocutor agrega: “Los voy a apretar y como debe ser, con multas bien altas. Así me les toca vender las gallinas (…) para pagarme la multa”.
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Frente a las acusaciones de opositores sobre un posible alianza entre grupos armados e Iván Cepeda, el senador de la República por el Pacto Histórico reiteró su llamado a las autoridades a investigar y sancionar a los implicados.

“REITERO LA POSICIÓN QUE HICE PÚBLICA EN DÍAS PASADOS IVÁN CEPEDA CASTRO DENUNCIA PRESIONES DE GRUPOS ARMADOS PARA INFLUIR EN EL ELECTORADO Y EXIGE SANCIONES”, escribió en su cuenta de X.
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El aspirante a la Casa de Nariño agregó: “En los últimos días he recibido información proveniente de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, la cual pongo en conocimiento de la opinión pública y será remitida a las autoridades competentes. Dicha información da cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”.

En sus declaraciones señaló que ninguna persona ligada a su campaña avala ni impulsa acciones que no garanticen la transparencia de las elecciones presidenciales con fecha del 31 de mayo de 2026.
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“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”, expuso Cepeda.
Registrador nacional lanzó alerta para las elecciones del 31 de mayo por presencia de grupos armados
El registrador nacional, Hernán Penagos, solicitó el 13 de mayo de 2026 un respaldo especial de la fuerza pública para las elecciones del 31 de mayo de 2026 en zonas como Cauca, Catatumbo, sur de Bolívar y Putumayo, por la elevada presencia de grupos armados ilegales.
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“En esos sitios hay grupos armados que tienen, es, una presencia muy importante en unos sectores de esos municipios donde se hace necesario garantizar que la fuerza pública acompañe el traslado del material electoral, haga presencia durante la jornada electoral y garantice que la ciudadanía pueda votar”, explicó Penagos, enfatizando la necesidad de que el Estado colombiano refuerce la protección del proceso electoral.
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