Así fue perdiendo fuerza Gustavo Petro en el Congreso con sus reformas fiscales, según estudio

A medida que avanzó el Gobierno de Gustavo Petro, el ambiente en el Congreso frente a las propuestas fiscales empezó a cambiar. Lo que en 2022 se aprobaba con amplias mayorías terminó encontrando, tres años después, un escenario mucho más complejo, marcado por abstenciones, votos negativos y crecientes dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ese giro quedó reflejado en un análisis elaborado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que revisó el comportamiento de las votaciones legislativas sobre siete de las principales iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno entre 2022 y 2025. El estudio concluyó que el respaldo parlamentario a las reformas tributarias, presupuestos y leyes de financiamiento fue perdiendo fuerza de manera progresiva, en paralelo con el deterioro de las cuentas fiscales y las tensiones alrededor del déficit.

La investigación analizó las votaciones nominales registradas en las gacetas del Congreso sobre la reforma tributaria de 2022, los proyectos de Presupuesto General de la Nación entre 2023 y 2026 y las leyes de financiamiento presentadas para 2025 y 2026. Para construir el panorama, el observatorio revisó tanto las discusiones en plenarias como en las comisiones económicas del Senado y la Cámara, consideradas los espacios más técnicos en materia presupuestal y tributaria.

El documento puso sobre la mesa un elemento que ha atravesado buena parte de la discusión política reciente, la idea de que las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus proyectos económicos obedecieron exclusivamente a bloqueos políticos. Según el análisis, las cifras muestran una realidad más compleja.

Desde la perspectiva de la economía política, el observatorio sostuvo que la capacidad de un gobierno para mantener coaliciones legislativas depende también de la confianza que generen sus proyecciones fiscales y la percepción de sostenibilidad de las cuentas públicas. Cuando aumentan las dudas sobre el recaudo, el déficit o el margen presupuestal, el costo político de apoyar nuevas expansiones de gasto cambia para los congresistas.

En los primeros años del mandato de Petro, el panorama era distinto. La reforma tributaria aprobada en 2022 logró apoyos amplios tanto en comisiones económicas como en plenarias. De acuerdo con el informe, el respaldo superó el 60% y, en las comisiones, no se registraron votos negativos. El Congreso acompañó entonces la apuesta fiscal del nuevo Gobierno y las expectativas de aumento en el recaudo.

La misma tendencia se mantuvo durante la aprobación de los presupuestos nacionales de 2023 y 2024. Aunque comenzaron a crecer las abstenciones y la no participación en las votaciones, el Ejecutivo todavía conservaba capacidad para articular mayorías y sacar adelante sus principales proyectos económicos.

Sin embargo, el escenario empezó a cambiar durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2025. Allí se produjo uno de los puntos de quiebre más notorios del periodo analizado. Según el observatorio, el apoyo en las comisiones económicas cayó a apenas 6,3%, mientras que el rechazo alcanzó 71,9%.

Para ese momento, las señales de presión sobre las finanzas públicas ya eran visibles. El análisis menciona menores ingresos frente a las metas oficiales de recaudo, desaceleración económica, mayores necesidades de gasto y crecientes debates sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal.

Uno de los temas que más controversia generó fue el manejo de parte de la caída en el recaudo bajo la figura de Transacciones de Única Vez (TUV), una discusión que abrió cuestionamientos sobre la consistencia de las proyecciones fiscales del Gobierno.

El observatorio resaltó que la caída del respaldo fue mucho más fuerte en las comisiones económicas que en las plenarias. Ese detalle resultó relevante porque son justamente esos espacios técnicos donde se revisan con mayor profundidad los supuestos macroeconómicos y financieros de cada proyecto.

Finalmente, el presupuesto de 2025 no logró ser aprobado en el Congreso y terminó expidiéndose por decreto presidencial. La situación también se reflejó en la Ley de Financiamiento para ese mismo año, que obtuvo apenas 36,2% de apoyo en las comisiones económicas y tampoco consolidó las mayorías necesarias.

En 2025, el Gobierno activó además la cláusula de escape de la Regla Fiscal ante el elevado déficit y las dificultades para regresar a la senda fiscal prevista. En medio de ese contexto llegó el debate del presupuesto para 2026.

Aunque el Congreso terminó aprobando el PGN de 2026, el respaldo estuvo lejos de los niveles observados al inicio del Gobierno Petro. Según el observatorio, en plenarias el apoyo alcanzó 42%, frente a 16,3% de rechazo y 41,7% de abstención o no participación.

La Ley de Financiamiento para 2026 enfrentó un panorama todavía más complejo. El estudio señaló que solo obtuvo 26,7% de votos favorables, mientras que el 60% de los congresistas votó en contra.

Para el Observatorio Fiscal, los resultados mostraron que el deterioro del respaldo legislativo no puede entenderse únicamente desde las disputas políticas o ideológicas. A juicio de los investigadores, las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal empezaron a tener un peso creciente dentro del Congreso, especialmente entre los legisladores encargados del análisis técnico de las cuentas públicas.

El informe concluyó que el caso colombiano dejó una lección más amplia sobre la relación entre política y economía. La viabilidad de las reformas fiscales no depende solo de construir mayorías parlamentarias, sino de la credibilidad que tengan las proyecciones macroeconómicas, las metas de recaudo y la confianza en el manejo de las finanzas públicas.