
El Ejército Nacional de Colombia anunció el sometimiento a la justicia de uno de los integrantes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco.
De acuerdo con información revelada por Caracol Radio W, el sujeto sería el encargado financiero de la organización armada, al considerar que mensualmente tenía que gestionar más de 5.000 millones de pesos para las disidencias en los Llanos Orientales de Colombia.
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La institución castrense indicó que su función clave consistía en el manejo de los recursos financieros que sostenían las operaciones de la organización disidente.

A su vez, el informe de inteligencia, citado por el medio de comunicación mencionado, señala que el hoy sometido a la justicia contaba con una experiencia de 33 años en los grupos armados, identificado como uno de los militantes de mayor recorrido dentro del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez de las extintas Farc.
La entrega de este disidente generó diferentes reacciones en el país. Uno de ellos fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que destacó la labor de las Fuerzas Militares para contrarrestar el accionar criminal de los integrantes del grupo armado liderado por Iván Mordisco.
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Incluso, sostuvo que, por la ofensiva militar contra las disidencias, en la que se ha logrado el sometimiento de varios integrantes, se ha conocido varias afectaciones que tenían planeadas la organización ilegal en el país, entre ellos el hallazgo de un dron cargado con explosivos cerca a la pista de la base militar de Catam en Bogotá.

“La presión ejercida sobre los grupos armados del narcotráfico logra la desmovilización de integrantes estratégicos de esas organizaciones. Por eso se logró detectar el dron que apuntan sobre la pista de Catam en Bogotá”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
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Así fue el hallazgo del dron en base militar de Bogotá
Los hechos se registraron el 7 de mayo de 2026, a 5,4 kilómetros del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en el occidente de Bogotá, lo que desencadenó un operativo de alto nivel coordinado entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Policía Nacional y expertos en desactivación de explosivos.
La acción se inició tras una alerta concreta emitida por la Fiscalía de Popayán, que aportó coordenadas precisas sobre un posible punto de lanzamiento en inmediaciones del río Bogotá, dentro de la localidad de Kennedy.
Unidades de la FAC y de la Policía rastrearon el área con apoyo de equipos de inteligencia. En el lugar, hallaron elementos tipo cambuche, imágenes correlacionadas y partes del dron separadas, que permitieron identificar la operatividad y el objetivo del dispositivo.
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Fuentes militares señalaron que la carga explosiva contenía cerca de 258 gramos de C4, un explosivo de alto poder destructivo, oculto dentro de un tubo de PVC e integrado a un detonador artesanal fabricado con una jeringa.
Este detalle, descubierto durante la inspección técnica por los expertos antiexplosivos, evidencia el grado de sofisticación alcanzado por los grupos armados ilegales en la adaptación de tecnología comercial para fines bélicos.

Además, la batería del dron fue hallada separada del fuselaje, una táctica que, de acuerdo con la Policía Nacional, buscaba dificultar la detección y posibilitar un ensamblaje final en el momento del lanzamiento.
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El Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc ha sido identificado en investigaciones precedentes como pionero en la adaptación de drones comerciales para ataques armados en distintas regiones de Colombia.
La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación sobre la procedencia de los materiales y la existencia de posibles redes de soporte en zonas urbanas.

Además, el ente acusatorio reveló que esta modalidad indica la intención de sortear los sistemas inhibidores de defensa dispuestos en torno a infraestructuras estratégicas, como la base militar de Catam, uno de los principales nodos de operaciones aéreas del país.
El hallazgo y neutralización del dispositivo en Bogotá representa un nuevo desafío para la seguridad nacional, al demostrar la capacidad de las estructuras disidentes para acercarse a puntos estratégicos en zonas urbanas mediante la integración de recursos tecnológicos y explosivos de alta potencia.
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