
En una extensa comunicación, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud del Gobierno nacional para suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, incluido su máximo cabecilla, alias Chiquito Malo.
Según el ente acusador, antes de tomar una decisión es necesario confirmar la identidad, la situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales de cada persona incluida en el listado enviado por el Gobierno.
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Por este motivo, el presidente Gustavo Petro afirmó que todos los requisitos exigidos por la ley se aplican rigurosamente en los procesos de negociación de paz que impulsa el Gobierno con este grupo armado.

El jefe de Estado explicó que las decisiones relacionadas con la suspensión de capturas cuentan con la intermediación y la garantía de gobiernos extranjeros. Según el presidente Petro, esta participación internacional busca asegurar transparencia y legitimidad en cada paso adoptado durante las negociaciones de paz.
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El mandatario colombiano reiteró que el cumplimiento de las normas y la supervisión internacional forman parte de la estrategia oficial para avanzar en los diálogos con el Clan del Golfo.
“Todos los requisitos que exige la ley se aplican en los procesos de negociación de paz que adelanta el gobierno y están bajo la intermediación y garantía de gobiernos extranjeros para garantizar pulcritud (sic)”, señaló.
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De este modo, el Gobierno sostiene que las acciones implementadas responden tanto a las exigencias legales colombianas como a la vigilancia de actores internacionales involucrados.
¿Qué dijo la Fiscalía?
La Fiscalía General de la Nación ratificó que seguirán vigentes las órdenes de captura para 29 miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, entre ellos su líder, alias Chiquito Malo. Esta medida se mantendrá hasta que se verifique que los integrantes cumplen con las condiciones requeridas para su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
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La decisión se produce después de que, el 8 de mayo, el Gobierno nacional solicitara la suspensión temporal de dichas órdenes, incluidas algunas solicitudes de extradición, como parte de los preparativos para iniciar diálogos formales con el grupo armado.
De acuerdo con la Resolución Occp No. 120, del 29 de abril de 2026, se autorizó el traslado inicial de 29 integrantes del Clan del Golfo hacia dos ZUT localizadas en los departamentos de Córdoba y Chocó. Estas zonas entrarán en funcionamiento el 25 de junio de 2026.
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La coordinación de esta medida recae en la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, con el objetivo de facilitar el sometimiento a la justicia, la desmovilización y el desmantelamiento de las estructuras ilegales.
Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que no suspenderá automáticamente las órdenes de captura antes de la fecha prevista. Insistió en que cada caso debe ser analizado individualmente para verificar la identidad, la situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales de los integrantes incluidos en la lista enviada por el Gobierno.
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“La ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”, indicó la Fiscalía.
En la lista entregada por el Gobierno figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal cabecilla del Clan del Golfo, buscado en extradición por Estados Unidos. Sobre él, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable para su extradición en diciembre de 2025, aunque la decisión definitiva corresponde al presidente de la República.
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La Fiscalía recalcó que, por ahora, la información proporcionada por el Gobierno solo da cuenta del compromiso de ingreso a las ZUT, pero no certifica que se hayan cumplido todas las condiciones pactadas ni el control sobre los integrantes del grupo armado.
La resolución fue notificada al Ministerio de Defensa, responsable de la seguridad durante los desplazamientos, y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp-OEA), encargada del monitoreo y verificación. El listado de 29 personas constituye la primera etapa, susceptible de ampliación a medida que avancen las coordinaciones y consultas internas.
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El Gobierno de Gustavo Petro ha manifestado que busca crear condiciones para la transición hacia proyectos lícitos, la entrega de armas y el avance de un eventual proceso de paz con el Clan del Golfo. No obstante, la Fiscalía reiteró que los procesos judiciales y las investigaciones siguen activos, y solo se suspenderán las órdenes de captura cuando se confirme el cumplimiento de todos los requisitos establecidos.
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