Elecciones en Colombia 2026 en alerta: violencia, grupos armados y desinformación amenazan la primera vuelta

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, programada para el 31 de mayo, se desarrollará bajo un contexto de alerta por riesgos de violencia política, actividad de grupos armados ilegales y desinformación, según un informe del centro de pensamiento Atlantic Council. El reporte advierte que los avances institucionales del proceso electoral conviven con amenazas persistentes que afectan tanto a los candidatos como a los votantes en varias regiones del país.

De acuerdo con el documento, aunque las elecciones legislativas y primarias de marzo fueron consideradas mayormente pacíficas por el Ministerio del Interior, la Misión Nacional de Observación Electoral (MOE) y observadores internacionales, la situación de seguridad ha empeorado en las semanas previas a la cita presidencial. El ambiente electoral se ha visto alterado por incidentes recientes, lo que genera inquietud respecto a la integridad y la transparencia de la jornada del 31 de mayo.

El informe del Atlantic Council identifica tres factores de riesgo que podrían afectar la primera vuelta y extenderse a una posible segunda ronda en junio.

1. Violencia política y amenazas directas a candidatos

La violencia política sigue siendo uno de los riesgos más relevantes. El Ministerio de Educación reportó 415 incidentes violentos contra líderes políticos, sociales y comunitarios en 2025, con un aumento en los ataques dirigidos específicamente a actores políticos, que pasaron del 39% al 59% del total de casos.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, se documentaron 457 amenazas de muerte en el periodo preelectoral, impactando a líderes y actores sociales en departamentos como Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

Entre los hechos más graves figuran el asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio de 2025 y el secuestro de la candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué en febrero de 2026. También se han registrado ataques contra aspirantes al Congreso y sus equipos de seguridad. Las amenazas de muerte contra los principales candidatos presidenciales (Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella) han incrementado la presión sobre las autoridades estatales para reforzar las medidas de protección, según señala el Atlantic Council. El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó inquietud por la seguridad de los participantes en la contienda.

Las campañas enfrentan obstáculos como restricciones de movilidad, prohibiciones para realizar actividades proselitistas en zonas bajo control armado y estigmatización en el debate público. Este contexto ha elevado el riesgo de asesinatos selectivos y hostigamiento directo en regiones con limitada presencia estatal.

2. Expansión y control de grupos armados ilegales

El informe detalla que los grupos armados ilegales crecieron un 23,5% en el último año, superando los 27.000 integrantes. La diversificación de fuentes de ingresos ilícitos ha fortalecido el control territorial de estas organizaciones en diferentes zonas del país.

Entre octubre de 2025 y enero de 2026 se produjeron más de diez incidentes relacionados con disputas territoriales, incluidos ataques con explosivos, toques de queda, confinamientos y desplazamientos masivos. En Catatumbo, los enfrentamientos entre facciones disidentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) provocaron el desplazamiento de más de cien mil personas.

Desde el 24 de abril, una serie de ataques en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño ha dejado veintiún civiles muertos y más de cincuenta y seis heridos, según cifras del Ministerio de Defensa. Los incidentes han incluido el uso de explosivos, enfrentamientos armados contra funcionarios públicos y bloqueos de carreteras.

A pesar de los compromisos públicos de no interferencia electoral por parte de grupos como el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), su continuo control territorial restringe las actividades de campaña y la capacidad ciudadana para ejercer el derecho al voto. Entre los principales riesgos, el informe destaca la intimidación, vigilancia, restricciones a la movilidad y compra de votos en municipios de alto riesgo, así como la alteración del registro electoral debido al desplazamiento forzado.

El Plan de Democracia del Ministerio de Defensa desplegó aproximadamente 246.000 efectivos para proteger más de trece mil centros de votación en las elecciones de marzo. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre deficiencias en la protección y la necesidad de medidas preventivas más robustas, especialmente tras la reciente escalada de violencia en el suroeste.

3. Desinformación y polarización: impacto en la confianza pública

La polarización política y la desinformación han intensificado el debate público y generado dudas sobre la legitimidad de los resultados electorales. El informe advierte que las candidaturas se ubican en extremos opuestos del espectro político, mientras que los aspirantes centristas enfrentan dificultades para consolidar su respaldo.

El informe describe un ambiente de creciente conflictividad, donde acusaciones de fraude y declaraciones sin verificación, como las realizadas por el presidente Gustavo Petro antes y después de las elecciones legislativas de marzo, han impactado la confianza en el sistema electoral. Las autoridades electorales y observadores independientes han reiterado la transparencia del proceso, pero la circulación de afirmaciones falsas y la fragmentación del debate público aumentan las tensiones.

La presencia de misiones de observación electoral nacionales e internacionales se considera relevante para fortalecer la transparencia, verificar los procedimientos y reducir el impacto negativo de las narrativas falsas. El informe señala que la desinformación multiplica los riesgos de violencia política y facilita la coacción por parte de grupos armados ilegales.

Medidas recomendadas para mitigar los riesgos

El Atlantic Council y los expertos consultados proponen acciones inmediatas para proteger la integridad de las elecciones:

• Estandarizar y reforzar los protocolos de protección para los candidatos, mediante un marco unificado gestionado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Se recomienda que cualquier amenaza nueva sea revisada en un plazo máximo de veinticuatro horas.
• Desplegar refuerzos de seguridad en municipios de mayor riesgo, priorizando actos de campaña, rutas de tránsito y centros de votación, y manteniendo la presencia estatal durante el periodo posterior a la elección.
• Implementar un protocolo de respuesta rápida ante desinformación electoral, utilizando canales oficiales, actualizaciones en portales institucionales y redes sociales para contrarrestar afirmaciones falsas.
• Ampliar la educación cívica en zonas de alto riesgo, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y redes comunitarias, para informar a los votantes sobre cómo identificar y denunciar incidentes de intimidación, compra de votos y circulación de información falsa.
• Promover el compromiso público de candidatos y funcionarios con la integridad y la no violencia electoral, siguiendo el acuerdo impulsado por la Defensoría del Pueblo y socios internacionales.