Cámara de Representantes aprueba ponencia de la Jurisdicción Agraria y el proyecto sigue su trámite en el Congreso

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes el informe de ponencia de la Jurisdicción Agraria, un paso clave que habilita el inicio del debate del proyecto en el Congreso y le da continuidad a una de las iniciativas centrales de la reforma rural del gobierno de Gustavo Petro.

El trámite de la iniciativa venía estancado desde hace casi un año en el orden del día, pero con la votación de 95 votos a favor y uno en contra se destrabó su discusión. Con este resultado, el proyecto entra ahora en una etapa decisiva en la que los legisladores contarán con cerca de 38 días para debatir y definir el articulado que creará los tribunales agrarios encargados de resolver conflictos sobre la tierra en el país.

El presidente Gustavo Petro ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de salvar la Jurisdicción Agraria del archivo legislativo. De no completarse su trámite en ambas cámaras antes del 20 de junio, el proyecto perdería vigencia y dejaría sin regulación efectiva a los jueces agrarios.

De acuerdo con El Tiempo, Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico, celebró el consenso alcanzado tras superar los impedimentos: “Después de haber sido aprobada en las comisiones primeras conjuntas, hoy logramos construir un acuerdo para aprobar el informe de ponencia y avanzar mañana en una discusión de algunos puntos polémicos”. Además, anunció que se constituyó una mesa técnica para revisar los artículos en controversia y buscar consensos en torno al texto final.

El contenido y objetivo de la Jurisdicción Agraria

La Jurisdicción Agraria busca crear tribunales especializados con competencia exclusiva para resolver conflictos sobre la propiedad, posesión, uso y tenencia de la tierra en las zonas rurales. Esta jurisdicción, reglamentada por una ley ordinaria tras la aprobación de la ley estatutaria en diciembre de 2025, forma parte del andamiaje jurídico para la reforma agraria que impulsa el Ejecutivo.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó según el medio, la importancia de este avance parlamentario: “Siete semanas nos restan y esperamos avanzar en la Cámara de Representantes y que se avance también en la plenaria del Senado para que se le devuelva la dignidad al campesinado y que en Colombia podamos conjurar la guerra con la justicia y con la paz”.

El proyecto responde también a compromisos internacionales, ya que la Defensoría del Pueblo ha recordado al Legislativo que la creación de la Jurisdicción Agraria se consignó como uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc.

Obstáculos políticos y desafíos legislativos

A pesar de la aprobación en la Cámara, la Jurisdicción Agraria enfrenta desafíos en el Senado, donde la falta de quórum ha impedido avances previos. Durante al menos siete sesiones, la oposición ha roto el quórum y aplazado el debate, tanto a finales del año pasado como durante 2026.

En la sesión anterior, la presencia de Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), fue solicitada para rendir informe sobre los procesos de la entidad, lo que sirvió como pretexto para postergar la discusión.

De acuerdo con el medio, Raúl Salamanca, representante opositor, expresó: “18 veces en el orden del día y hoy apenas se avanzó en la aprobación de la proposición para debatir la Jurisdicción Agraria. Mientras dilatan y frenan la discusión, más de 12 millones de campesinos y campesinas siguen esperando justicia”.

La aprobación en Cámara permite ahora que el articulado sea debatido y votado en detalle, mientras que la continuidad del trámite en el Senado dependerá de que se logre conformar el quórum necesario durante las próximas sesiones.

Próximas sesiones y riesgo de archivo

El presidente de la Cámara, Julián López, informó que el debate continuará el día de hoy, 13 de mayo a mediodía. Si la Jurisdicción Agraria no supera los debates plenarios en ambas cámaras antes del 20 de junio, el tribunal creado por la ley estatutaria quedaría sin marco regulatorio, lo que impediría a los jueces agrarios resolver los conflictos sobre la tierra.