Otty Patiño respondió a la Fiscalía tras no suspender órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo: “La paz exige seguridad jurídica”

El consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, emitió un comunicado en el que rechazó la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abstenerse de “implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica” para 29 integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo.

El ente acusador resolvió no suspender las órdenes de captura de los criminales con los que el Gobierno nacional está en conversaciones de paz. Esa determinación se mantendrá “hasta que cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”, según detalló en el comunicado.

Al respecto, el comisionado de paz sostuvo que la Ley 2272 de 2022 (política de paz de Estado) establece que la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, está sujeta a la normativa vigente y no a una “valoración discrecional” de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 2272 de 2022, cuando se establecen las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en las que estarán los integrantes de las mesas de negociación, de inmediato se suspende la ejecución de las órdenes de captura en su contra. Esta medida aplica durante el desplazamiento a las ZUT y mientras se mantengan en esos sitios.

Según Patiño, ese instrumento es clave para garantizar que haya un desarrollo efectivo de los procesos de paz que adelanta la administración del presidente Gustavo Petro.

“Preocupa que ahora, mediante la Resolución No. 0-142 de 2026, se introduzca una interpretación contraria que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas expresamente por el legislador”, detalló.

Adicionalmente, recordó que el presidente de la República es el único responsable de determinar si los procesos de paz están avanzados o no, y si se debe establecer una ZUT o no para dar continuidad a los diálogos, teniendo en cuenta que es la persona que se encarga de la conducción de la política de paz y del orden público en el país.

Así lo hizo el jefe de Estado en esta ocasión, eligiendo tres Zonas de Ubicación Temporal para los 29 integrantes del EGC, a través de la Resolución No. 471 del 22 de diciembre de 2025.

“Toda actuación en mi calidad de Comisionado de Paz y de la Consejería que dirijo, se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley. En ningún momento se ha pretendido sustituir las competencias constitucionales ni legales de la Fiscalía General de la Nación, siempre se ha actuado en respeto de la autonomía de las ramas del poder público, sin interferir en el ejercicio de la acción penal”, precisó el consejero Comisionado de Paz.

Aclaró que la normativa contempla unos efectos jurídicos que permiten viabilizar los procesos de negociación de paz y garantizar que los integrantes de las estructuras armadas tengan condiciones de tránsito hacia las ZUT. En esa medida, recalcó que la Fiscalía y el resto de la institucionalidad involucrada deben actuar en concordancia con la ley.

“La paz exige seguridad jurídica, coherencia institucional y cumplimiento estricto de la ley por parte de todas las autoridades del Estado. Ese seguirá siendo el compromiso del Gobierno Nacional y de esta Consejería Comisionada de Paz”, añadió.

Presidente Petro se pronunció e hizo aclaraciones

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de una publicación en X, en la que informó que el listado de 29 integrantes del EGC que allegó la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a la Fiscalía para la suspensión de las órdenes de captura también hay extraditables, pero la inclusión de esas personas no fue consultada con él.

El primer mandatario aseguró que desde el primer momento indicó que en las primeras fases del proceso de paz no actúan extraditables y que solo cuando este haya avanzado, él, como jefe de Estado, determina si se debe o no suspender las órdenes de extradición de los criminales involucrados.

“Se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado EGC sin extraditables como ya lo ordené y solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinarán si el proceso se declara en estado avanzado”, informó.