Petro volvió a arremeter contra el Consejo de Estado por decisión sobre el traslado de pensiones: “Nadie puede decir que es un poder desbordado”

El presidente Gustavo Petro respondió al comunicado emitido por el Consejo de Estado sobre la decisión de suspender el traslado de recursos de fondos privados a Colpensiones.

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó: “Nadie del estado puede decir que el derecho a la pension es un poder desbordado, respeten la constitución y al Constituyente primario (sic)”. En el mismo mensaje agregó: “Respeten a quienes se han pasado la vida trabajando y tienen todo el derecho a que les paguen su pensión. Impedirlo es un poder ilegítimo y tiránico, solo motivado por el poder factico del dinero del que no tiene el derecho”.

El jefe de Estado también se refirió al manejo de los recursos por parte de las entidades financieras y señaló: “El deber sagrado de todo banquero es cuidar el ahorro del ahorrador y devolverlo cuando lo solicite el ahorrador porque no es dinero de los banqueros”.

Posteriormente añadió: “Los banqueros que detengan el dinero del ahorrador son bandidos y no pueden seguir siendo banqueros. Eso dice la ley de Colombia y todas las del mundo”.

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de que el Consejo de Estado emitiera una respuesta institucional frente a recientes señalamientos hechos por el mismo presidente sobre la decisión judicial. En su comunicado, el alto tribunal sostuvo que las declaraciones del presidente y sus llamados a denunciar penalmente a un magistrado afectan la separación de poderes establecida en la Constitución Política.

El Consejo de Estado expresó: “Las palabras expresadas por el presidente de la República de Colombia en una red social de amplia difusión requieren y exigen una respuesta institucional oportuna, clara y contundente por parte del Consejo de Estado al que hoy se dirigen los señalamientos”.

Asimismo, el tribunal indicó que: “El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”.

En el pronunciamiento, el Consejo de Estado manifestó preocupación por las declaraciones provenientes del Ejecutivo y afirmó que la “desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional” y “debilitan el Estado de Derecho”.

El comunicado también señaló que la libertad de expresión no puede utilizarse para promover mensajes que afecten la integridad institucional ni la seguridad de quienes ejercen funciones judiciales. En ese sentido, el tribunal afirmó: “El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías”.

Además, recordó que la existencia y legitimidad del Consejo de Estado provienen directamente de la Constitución Política y del poder constituyente.

La nueva respuesta del presidente Petro al Consejo de Estado se suma a otro mensaje que publicó tras la suspensión del decreto sobre el traslado de recursos pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones.

En principio, el mandatario cuestionó la medida y la relacionó con intereses económicos. En sus publicaciones aseguró que no permitirá lo que calificó como una afectación a los derechos sociales y afirmó que la controversia refleja una confrontación entre el poder político y sectores financieros.

“No espere nadie en Colombia que el presidente va a permitir un golpe feroz contra los derechos del pueblo”, escribió el jefe de Estado. Además, Petro sostuvo que “se rompió la línea roja de la Constitución y de los derechos fundamentales por simple codicia”, en referencia a la decisión que frenó el traslado de recursos pensionales.

Petro también afirmó que los derechos adquiridos en materia pensional deben respetarse y advirtió que, si las administradoras no realizan los traslados correspondientes, podrían configurarse conductas delictivas. Según expresó, como funcionario público tiene la obligación de actuar frente a situaciones que, a su juicio, afectan el sistema pensional y los derechos de los trabajadores.