La junta directiva de Ecopetrol ratificó su apoyo a Ricardo Roa tras imputación por presunta violación de topes electorales: “No equivale a condena”

La junta directiva de Ecopetrol expresó nuevamente su respaldo a Ricardo Roa, presidente de la entidad, tras la imputación formal avalada el lunes 11 de mayo de 2026 por un juez de Bogotá, destacando que el proceso penal en curso “no desvirtúa la presunción de inocencia” ni constituye una decisión de fondo.

El líder de la estatal petrolera no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con el comunicado difundido por la compañía.

“En la legislación colombiana, la imputación es un acto de comunicación que tiene el efecto de vincular formalmente al proceso penal al señor Ricardo Roa, dar a conocer los hechos materia de investigación, las consecuencias jurídicas de los mismos y advertir el derecho de defensa”, se observa en el comunicado emitido por Ecopetrol.

“La referida diligencia no equivale a una condena o una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción de inocencia que le asiste al señor Ricardo Roa, quien no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía”, se agregó en el documento.

En el desarrollo de la audiencia, Ricardo Roa fue imputado por supuesta violación de los topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Según la investigación de la Fiscalía, la campaña habría superado los límites legales en cerca de $1.664 millones entre la primera y la segunda vuelta.

El organismo judicial afirmó que existen facturas a nombre de Roa vinculadas a los informes entregados al Consejo Nacional Electoral, así como presuntas inconsistencias contables en los reportes de gastos.

A pesar de las dos investigaciones penales —incluida la relacionada con el caso conocido como “Penthouse 901”—, Ricardo Roa permanece en el cargo y se encuentra actualmente en vacaciones y con una licencia no remunerada.

La estatal petrolera subrayó que la audiencia se llevó a cabo ante el Juzgado 35 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, y explicó que la imputación permite informar formalmente al procesado sobre los hechos y consecuencias jurídicas bajo la legislación colombiana.

La Fiscalía especificó que los recursos cuestionados se habrían destinado a gastos como viajes, asesorías, hospedajes, desayunos y otras actividades de campaña.

Exgerente de campaña de Gustavo Petro, es investigado por omisiones en informes financieros y donaciones no declaradas

Según la acusación, durante la contienda electoral que llevó a Petro a la presidencia, la campaña habría superado los límites de gasto permitidos por la ley, con un exceso consolidado de al menos $1.664 millones, distribuidos en conceptos como prensa, logística y servicios varios.

El fiscal Elkin Ardila Espinosa, de la Unidad Anticorrupción, señaló que para la primera vuelta presidencial se registró un sobrepaso de $1.388 millones, y en la segunda, de 276 millones, alcanzando un gasto total de $30.200 millones frente a los topes legales establecidos.

El caso se apoya en datos presentados ante el juez 35 de control de garantías de Bogotá, tras una investigación iniciada por el Consejo Nacional Electoral y la posterior sanción administrativa en 2025. Además de los montos excedidos, la Fiscalía sostuvo que existieron omisiones en la rendición de cuentas, incluyendo donaciones millonarias que no fueron reportadas oficialmente.

Un ejemplo señalado fue un pago de $27 millones en efectivo, en un acto de campaña de abril de 2022, que no se habría declarado en la plataforma Cuentas Claras ni al Consejo Nacional Electoral, pese a que el deber de reporte es obligatorio, independientemente del medio de pago.

Durante la audiencia, la Fiscalía remarcó la función de Roa Barragán como responsable de administrar y reportar todos los ingresos y egresos de la campaña. El fiscal indicó que la factura del evento en cuestión fue enviada a Laura Sarabia, entonces coordinadora de logística, pero la responsabilidad recae sobre la gerencia.

Roa, en su defensa, rechazó los cargos e insistió en su inocencia, mientras su defensa cuestionó la consistencia de las cifras presentadas. El juez reconoció la necesidad de mayor claridad probatoria, pero postergó una decisión definitiva.

El proceso penal continuará con nuevas audiencias, en las que se evaluarán las pruebas y se debatirán las alegaciones de ambas partes. La acusación formal contra Roa Barragán marca un precedente en la fiscalización de la financiación de campañas políticas en Colombia.