La captura de una psicóloga contratista de la Alcaldía de Bello generó inquietud en el departamento de Antioquia. El operativo, que contó con la participación de autoridades locales y organismos internacionales, permitió desmantelar parte de una red de explotación sexual de menores en Medellín y el Valle de Aburrá.
La profesional de la salud mental, cuyo perfil causó especial asombro por sus responsabilidades sociales, fue señalada como pieza clave en el funcionamiento de la organización criminal.
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La red, desarticulada luego de una investigación internacional bajo la denominada “Operación Alpha MASI”, operaba principalmente en Medellín, con ramificaciones en Cartagena y en diferentes zonas de Estados Unidos.
Según las autoridades, este grupo se dedicaba a la producción y venta de material de abuso sexual infantil, utilizando plataformas digitales, transmisiones en vivo y canales cifrados para llegar a consumidores extranjeros, especialmente en territorio estadounidense.
El grupo captaba víctimas menores de entre 10 meses y 13 años, sometiéndolas a actos de extrema violencia para satisfacer demandas ilícitas en el extranjero.
En total, fueron capturadas 11 personas: tres en Estados Unidos, siete en Medellín y una en Cartagena. Entre los detenidos en Medellín figuran familiares y personas cercanas a las víctimas, incluyendo madres, tías y amigas, lo que evidencia el nivel de infiltración y confianza que alcanzó la organización criminal.
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Las investigaciones confirmaron que los niños rescatados quedaron bajo protección institucional, asegurando su resguardo y el restablecimiento de sus derechos.
Los siete capturados en Medellín fueron enviados a prisión preventiva y deberán responder por delitos como pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial, proxenetismo agravado, acceso carnal violento y utilización de menores para la comisión de delitos.
Reacciones de la Alcaldía de Bello y proceso contractual
La administración municipal emitió un comunicado donde manifestó su postura frente a la situación: “Rechazamos la conducta delictiva y, de ser hallada culpable, esperamos que reciba toda la severidad de la ley”.
El texto especificó que la persona detenida trabajaba como contratista de la Secretaría de Salud desde mayo de 2025 y fue contratada nuevamente para la vigencia actual, tras cumplir con todos los requisitos legales, incluidos los certificados de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios.
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La Alcaldía precisó que, al momento de suscribir el contrato, no existía ningún reporte negativo por parte de los organismos de control ni de la Policía Nacional respecto a la ahora capturada. Tampoco se detectó ninguna alerta sobre conductas que pusieran en riesgo el bienestar de la población usuaria de los servicios de salud.
Actualmente, la administración realiza los trámites legales para cancelar el contrato de prestación de servicios de la implicada, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la ley.
La redada permitió identificar que el grupo no solo grababa y distribuía material ilegal, sino que promocionaba agresiones sexuales en plataformas de mensajería y espacios digitales clandestinos, donde ofrecían transmisiones en tiempo real a cambio de pagos. Las autoridades calculan que los ingresos llegaban a 63.000 dólares, equivalentes a más de 227 millones de pesos.
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La Alcaldía de Bello reiteró en su comunicación: “La persona detenida deberá responder de manera individual ante la justicia”, y advirtió que cualquier intento de vincular institucionalmente a la administración municipal con las actuaciones personales de la contratista carece de sustento.
La administración concluyó: “Los datos que han circulado de manera malintencionada no corresponden con la realidad”. Recalcó además que la responsabilidad penal es estrictamente individual y que la entidad actuará conforme a la ley para desvincular a la persona implicada del servicio público.
La “Operación Alpha MASI” se desarrolló con la colaboración de la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General, Migración Colombia y agencias internacionales como Homeland Security Investigations (HSI) y la Unidad Investigativa contra el Crimen Transnacional (Tciu). Agentes federales de Estados Unidos participaron en los operativos desde Massachussets, Florida y Ohio, coordinando acciones con sus pares colombianos.
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Hasta la fecha, las acciones contra la explotación sexual infantil en Medellín y Colombia han dejado 31 extranjeros capturados desde 2024, y nueve personas condenadas, siete de ellas en cortes federales estadounidenses. Las autoridades insisten en que la cooperación internacional y la vigilancia sobre plataformas digitales resultan fundamentales para combatir este tipo de crímenes y proteger a las víctimas más vulnerables.
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