La Fiscalía General de la Nación destinó más de seis millones de pesos a la protección y manutención de José Wilmer Ayola Lerma, vigilante condenado por falso testimonio en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Así lo reveló un informe de El Colombiano, que accedió a documentos oficiales y al expediente judicial del caso.
El caso Colmenares, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2010 en el parque El Virrey de Bogotá, concentró la atención nacional por la complejidad de las versiones y la cantidad de actores implicados. José Wilmer Ayola Lerma, vigilante de los conjuntos residenciales Bochica V y VI, fue presentado ante la opinión pública como un testigo clave. El medio informó que Ayola relató haber presenciado una agresión contra Colmenares y señaló a Carlos Cárdenas como supuesto agresor, versión que sostuvo ante el entonces fiscal 11 Seccional de la Unidad de Vida, Antonio Luis González Navarro, y la fiscal delegada Martha Lucía Zamora Ávila.
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Las declaraciones de Ayola incluyeron descripciones minuciosas de una supuesta pelea, la participación de varios jóvenes y la intervención de una mujer, todo lo cual fue consignado en actas de preacuerdo y documentos judiciales.
Según el expediente citado por El Colombiano, el testimonio resultó ser falso y motivó decisiones judiciales erróneas, incluyendo órdenes de captura.
El desmoronamiento de la versión y la evidencia documental
En 2013, la fiscal Patricia Feria Bello estableció que Ayola no estuvo presente en el lugar de los hechos. De acuerdo con los registros y minutas firmadas por el propio vigilante, durante la madrugada del 31 de octubre de 2010 se encontraba cumpliendo su turno en los conjuntos Bochica V y VI, en la Calle 80 de Bogotá. Además, peritajes realizados por la Universidad de La Salle demostraron que Ayola tenía limitaciones visuales que le impedían observar los detalles que afirmó haber visto.
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El medio detalló que la coartada de Ayola fue desmontada por la revisión meticulosa de registros laborales y dictámenes técnicos, que dejaron sin sustento su relato sobre la supuesta agresión en el parque El Virrey.
El costo de la protección estatal y la administración de recursos públicos
Durante la investigación, la Fiscalía consideró a Ayola un testigo protegido y lo incluyó en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos bajo el argumento de amenazas en su contra. Según los documentos administrativos obtenidos por el medio, la Fiscalía gastó $6.080.486 en transporte, manutención y alojamiento del vigilante, quien fue trasladado por casas de seguridad y alojado en establecimientos como el Hotel El Campín.
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El informe detalla que Ayola fue ubicado en tres sedes de máxima seguridad durante 2012. Su estadía se estructuró en varias etapas, con ingresos y exclusiones intermitentes entre junio y noviembre de ese año, de acuerdo con las actas del Programa de Protección a Víctimas y Testigos.
El proceso judicial, la condena y el reintegro parcial de recursos
Cuando la evidencia contra Ayola se consolidó, el vigilante suscribió un preacuerdo en diciembre de 2013. Según el expediente revisado por El Colombiano, aceptó los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvenciones.
El juez fijó su condena en ocho años de prisión (96 meses) y lo obligó a reintegrar el 50% del incremento patrimonial, es decir, $3.150.000 pesos, además de una multa superior a 77 millones de pesos.
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Inicialmente, Ayola obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria debido a la ausencia de antecedentes, pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida el 14 de mayo de 2015. En el fallo, los magistrados señalaron que su conducta representaba un riesgo social. El vigilante fue trasladado a la cárcel La Picota.
Otros implicados y decisiones posteriores en el caso Colmenares
El expediente judicial también incluyó a Jonathan Andrés Martínez y Jesús Alberto Martínez, sentenciados a siete años de prisión por cargos similares tras aceptar su responsabilidad. El Colombiano informó que Jesús Martínez falleció en 2018 en la cárcel La Picota, en un episodio atribuido a un posible envenenamiento.
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La Corte Suprema de Justicia, según el reporte del medio, confirmó en 2024 la decisión que cerró la investigación contra el exfiscal González Navarro, al no hallar pruebas que desvirtuaran su inocencia. Las absoluciones de Laura Moreno y Jessy Quintero quedaron en firme, y Carlos Cárdenas había sido exonerado en 2014.
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