Madres comunitarias pasaron a ser trabajadoras públicas: ahora son empleadas del Icbf

Por primera vez en la historia, el Estado colombiano incorporó a las madres comunitarias como empleadas públicas, en un proceso que busca garantizarles derechos laborales y acceso a la seguridad social y que marca el inicio de la formalización de más de 40.000 personas antes de 2029, según lo establecido por el gobierno de Gustavo Petro.

Este reconocimiento implica transformaciones legales y sociales de gran impacto, ya que por décadas estas trabajadoras sostuvieron la política pública de cuidado en el país sin ninguna protección jurídica.

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 2466 de 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) quedó obligado a vincular progresivamente a madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles a su planta de personal.

La reglamentación de la ley se formalizó a través de los decretos 0586 y 1398 de 2025, que reconocen el cargo de madre comunitaria como empleo público de nivel asistencial, con contrato a término indefinido y un salario igual o superior al mínimo.

Este avance legislativo fue acompañado por la creación de 2.353 cargos en el Icbf, cifra reportada oficialmente en febrero de 2026 por Astrid Cáceres, directora del organismo, durante un encuentro en Ciudad Bolívar.

Se trata del primer tramo de una meta ambiciosa: según Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el objetivo oficial es “formalizar cerca de 40.000 personas antes de 2029”, con la finalidad de “salda[r] una deuda histórica con miles de mujeres que durante décadas sostuvieron la política de cuidado de este país”, afirmó Sanguino.

Actualmente, según datos de Función Pública, en Colombia existen 40.469 madres y padres comunitarios dedicados a la atención de 454.531 niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, hasta el inicio de 2026 solo se había logrado vincular a unas 2.300 trabajadoras como empleadas oficiales, lo que demuestra que el reto para completar el proceso aún es considerable. Las autoridades reconocen que para alcanzar la meta, el ritmo de contratación debe multiplicarse por veinte antes de fin de década.

Además de la formalización laboral, desde julio de 2023, el Gobierno estableció un bono pensional específico para exmadres comunitarias mayores de 57 años que acrediten al menos diez años de servicio.

Este subsidio, gestionado por el Icbf, es escalonado: quienes trabajaron entre 10 y 15 años reciben $928.000 mensuales, entre 15 y 20 años acceden a $1.044.000, y quienes superaron los 20 años reciben $1.102.000, monto equivalente al 95% del salario mínimo colombiano.

La administración nacional dispuso un cronograma de cupos progresivo: 10.000 beneficiarias en 2023, 6.000 en 2024, 10.000 en 2025 y 10.351 en 2026, proyectando así alcanzar 36.351 beneficiarias al término del actual cuatrienio.

Así mismo, el bono pensional representa para miles de mujeres la posibilidad de acceder a un ingreso regular en la vejez, después de cumplir un servicio esencial que, hasta ahora, no generaba derecho a pensión ni seguridad social.

Adicionalmente, el Gobierno nacional asignó $297.810 millones desde 2026 para ampliar el Programa de Subsidio a los Aportes a Pensión (Psap), permitiendo que también las madres comunitarias en ejercicio puedan cotizar con el apoyo del Estado.

Para aquellas extrabajadoras que no cumplen los requisitos del bono pensional, el Gobierno revalorizó el subsidio de subsistencia, el cual se duplicó: pasó de $498.000 a $1.102.000 mensuales para 5.129 beneficiarios, según reportes del Icbf de 2023.

Esta mejora busca garantizar un piso mínimo de ingresos a quienes ejercieron tareas de cuidado infantil pero no lograron completar los años necesarios de servicio ni cotizaciones para obtener pensión.

Con el reconocimiento de empleadas públicas, las madres comunitarias obtienen, por primera vez, el derecho a cotizar de manera regular para su propia pensión, un mecanismo que les había estado vedado por esquemas de tercerización.

La medida legal define su vínculo laboral con el Icbf bajo las condiciones contractuales del empleo público, con estabilidad, salario mínimo y protección en salud y vejez.

El alcance del programa revela el reto aún pendiente: las 2.300 vinculaciones actuales solo corresponden al primer 6% del universo de trabajadoras del sector, obligando a mantener el proceso de incorporación de forma sostenida y acelerada en los próximos años para cumplir la meta de 40.000 formalizaciones antes de 2029.

El presupuesto asignado para los bonos y subsidios, así como la magnitud de la población beneficiada, reflejan la transformación estructural que implica el nuevo modelo.

Esta política representa un reconocimiento inédito al papel de quienes aseguraron la atención y el cuidado de cientos de miles de menores en Colombia durante décadas sin protección social, y constituye uno de los proyectos de regularización laboral con mayor impacto social en la historia reciente del país.