La Defensoría alerta que los homicidios de jóvenes en Colombia duplican la tasa nacional

Los homicidios de jóvenes en Colombia presentan una tendencia alarmante, según la más reciente alerta de la Defensoría del Pueblo. Iris Marín, al frente de la entidad, expuso que durante 2025 la tasa de homicidios entre personas de 18 a 28 años alcanzó los 57,61 casos por cada 100.000 habitantes.

Esta cifra duplica el promedio nacional, que se ubicó en 23,08, y evidencia el alto grado de vulnerabilidad que enfrenta la juventud en distintas regiones del país.

La funcionaria hizo públicos estos datos tras varios episodios de violencia que han conmocionado a la opinión pública, incluidos los asesinatos del periodista Mateo Pérez Rueda, de 23 años, en Briceño, Antioquia, y del estudiante universitario Gabriel Arenas Erazo, encontrado sin vida en Caucasia luego de haber sido reportado como desaparecido. Marín, a través de sus redes sociales, llamó la atención sobre el impacto de la violencia armada y criminal en la población joven y advirtió que detrás de cada estadística hay historias personales truncadas por el conflicto y la criminalidad.

En su mensaje, la defensora insistió en que el dolor de las víctimas no debe ser utilizado para profundizar divisiones políticas o sociales en el país. Pidió que el sufrimiento de las familias y comunidades afectadas por estos hechos sirva como punto de encuentro para exigir acciones de protección y prevención. Marín recordó también otros casos recientes, como el de los jóvenes asesinados en Jamundí, al sur del Valle del Cauca, y apuntó que la violencia se extiende a lo largo del territorio nacional, afectando a cientos de familias.

Uno de los aspectos más críticos señalados por la Defensoría es que los jóvenes están siendo víctimas tanto de grupos armados ilegales en negociación con el Gobierno como de organizaciones criminales que operan al margen de cualquier proceso de diálogo. Marín fue enfática al afirmar que “a los jóvenes los matan grupos en procesos de negociación y grupos que no lo están”, lo que convierte la protección de la vida de esta población en una prioridad nacional inaplazable.

En un video difundido por la propia Defensoría, Iris Marín exigió a los actores armados respeto por la vida, la dignidad de la población civil y la libertad de prensa. Solicitó, además, que se permita el trabajo de las misiones humanitarias en las zonas afectadas por el conflicto. El llamado final de Marín estuvo dirigido a los sectores políticos e institucionales, a quienes pidió tratar a las víctimas y sus familias con respeto y humanidad, evitando que el sufrimiento se convierta en motivo de disputa partidista. Subrayó que el país debe poner la vida y la dignidad humana por encima de cualquier diferencia.

El caso del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 24 años, se ha convertido en uno de los episodios más representativos de la vulnerabilidad de los jóvenes en Colombia frente a la violencia armada. Pérez Rueda, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y director del medio local El Confidente, fue asesinado en el municipio de Briceño, Antioquia, en medio de circunstancias que aún generan inquietud en la opinión pública.

El cuerpo del joven periodista fue recuperado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) y la Defensoría del Pueblo, instituciones que acompañaron el proceso de entrega en una zona marcada por la presencia de actores armados ilegales. El hecho provocó la reacción de diferentes sectores sociales y de organismos de derechos humanos, que exigieron esclarecer los móviles del crimen y garantizar la seguridad de los comunicadores en regiones afectadas por el conflicto.

En respuesta a la conmoción generada por el asesinato, las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá emitieron un comunicado en el que aseguraron no haber autorizado el homicidio. El grupo armado ilegal señaló que “ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar, aun si fueren contradictores políticos”. Afirmaron que la confrontación armada debe limitarse a los actores en conflicto y no involucrar a la población civil ni a quienes ejercen labores informativas.

El comunicado, firmado por varios bloques de las disidencias, reconoció que la dirección nacional no fue informada sobre la detención del periodista y que, de comprobarse la participación de integrantes del frente 36, los responsables habrían actuado “a título personal, sin autorización, sin consultar”. En ese sentido, el grupo dijo estar a la espera de restablecer comunicaciones internas para aclarar lo sucedido.