
Las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá, negaron que la dirección nacional autorizó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, según un comunicado difundido por ese grupo armado. La declaración señala que la muerte del comunicador, ocurrida en el norte de Antioquia, no fue informada previamente a los mandos y que se encuentran restableciendo contacto con sus bases para determinar la responsabilidad.
El bloque de Jorge Suárez, dirigido por Gentil Duarte en Magdalena Medio y el comando conjunto Raúl Reyes, suscribieron la carta en la que denuncian ser objetivo de persecución a la delegación en la Mesa de Paz y advirtieron el efecto de la falta de cese al fuego en la desconfianza hacia el proceso iniciado hace más de tres años.
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“El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda jamás fue autorizado por esta dirección nacional. Ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar, aun si fueren contradictores políticos. La confrontación armada se da entre actores armados, no contra la población civil”.
Conforme a la misiva, la organización no fue notificada de la detención de Pérez, que encabezaba el medio El Confidente. “De ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar”, afirmaron las disidencias. Agregaron que esperan concretar las comunicaciones internas para conocer la realidad de lo sucedido.
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La guerrilla justificó su alzamiento en “la desigualdad social, la ausencia de verdadera reforma agraria y la violencia frente a la oposición política al modelo de explotación capitalista imperante”, aclarando que su lucha no tiene como objetivo a trabajadores ni campesinos.
Defensoría del Pueblo pidió proteger a civiles y periodistas tras recuperación de cuerpo que sería de Mateo Pérez
La Defensoría del Pueblo confirmó el viernes 8 de mayo la recuperación de un cuerpo que podría corresponder al periodista Mateo Pérez, de 23 años, desaparecido recientemente en una zona marcada por la presencia de grupos armados. La operación, realizada en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, se da en un contexto de constantes amenazas a la vida y seguridad de quienes ejercen labores informativas en regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia.
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El cuerpo hallado fue entregado a Medicina Legal para su identificación oficial. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, indicó en una declaración que la misión humanitaria fue desplegada conjuntamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja en el territorio donde se reportó la desaparición de Pérez. Las autoridades insisten en que la prioridad será el esclarecimiento de los hechos y el respeto por la vida de la población civil.
La entidad destacó la gravedad de la situación al subrayar la necesidad de que los grupos armados permitan el paso de misiones humanitarias y no obstruyan labores de búsqueda, verificación y acompañamiento de organismos nacionales e internacionales en casos de desapariciones y homicidios.
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Según la Defensoría del Pueblo, la protección de la libertad de prensa es un asunto urgente ante el riesgo permanente que enfrentan periodistas y líderes sociales en regiones con “presencia de organizaciones criminales, economías ilegales y disputas armadas”. Este caso, señaló la institución, pone en evidencia una crisis humanitaria persistente en zonas periféricas del país.
Dadas las circunstancias, la defensora Iris Marín Ortiz manifestó su solidaridad con los familiares de Pérez y reiteró el acompañamiento institucional en las diligencias que continúan tras la recuperación del cuerpo. La funcionaria instó a los actores armados a respetar la vida de los civiles y a no obstaculizar el trabajo de los organismos humanitarios.
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A propósito, Iris Marín pidió que “el dolor de las familias y las víctimas no sea convertido en herramienta de polarización política”. Subrayó que Colombia enfrenta un desafío que exige consensos mínimos para proteger los derechos fundamentales y salvaguardar la dignidad de la población civil.
La Defensoría remarcó que la respuesta institucional debe centrarse en “la búsqueda de verdad, justicia y garantías de no repetición” para periodistas, comunidades y ciudadanos expuestos a la violencia armada. El organismo reafirmó su compromiso de acompañar a los allegados de Mateo Pérez y mantener un seguimiento activo al avance de las investigaciones.
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