Gobierno Petro tiene listo borrador de decreto para proteger la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta: estos son los cambios propuestos

El Gobierno Petro ya tiene un borrador de decreto con el que busca defender la Línea Negra, territorios ancestrales de indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El artículo reconoce oficialmente más de 340 sitios sagrados, valida la cartografía producida por el Estado colombiano y promueve un sistema de vigilancia con participación de las comunidades nativas, tras años de demandas y una reciente decisión judicial.

El decreto impulsado por el Gobierno nacional reconoce la integralidad y el carácter sagrado de la catalogada montaña más alta del mundo, situada en el norte del país, y sus alrededores. Incorpora más de 340 sitios sagrados identificados en la cartografía oficial y establece normas para la consulta previa, coordinación interinstitucional y adquisición de predios, reveló Cambio. La propuesta se desarrolló después de la anulación de un decreto anterior por falta de soporte técnico y consulta, e introduce la vigilancia activa de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa, kankuamo, taganga, ette ennaka y wayuu, junto con entidades estatales.

Cambios y mejoras en el nuevo decreto de la Sierra Nevada

El desarrollo del proyecto se originó tras un fallo del Consejo de Estado que, en febrero de 2026, anuló el Decreto 1.500 de 2018 por graves fallas técnicas y procedimentales. El motivo principal fue la ausencia de una cartografía oficial al momento de su expedición.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) publicó la cartografía oficial en agosto de 2023. Adicionalmente, la sentencia señaló que el decreto anterior incumplió el requisito de consulta previa con todos los pueblos indígenas del área.

En respuesta, el Gobierno Petro organizó un proceso de consulta entre febrero y mayo de 2026, con preconsultas y mesas técnicas que involucraron a los pueblos arhuaco, kogui, wiwa, kankuamo, taganga, ette ennaka y wayuu, así como a comunidades negras de los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira. Aunque la consulta con el pueblo wayuu concluyó sin un acuerdo definitivo en abril, el Ministerio del Interior, liderado por Armando Benedetti, indicó que se respetó el estándar constitucional al garantizar su participación.

Para los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, la cartera explicó que estos participaron directamente como autores de la propuesta normativa. Por esa razón, no era necesario aplicar el procedimiento formal de consulta previa por tratarse de una iniciativa propia de sus autoridades.

Cartografía y significado de la Línea Negra de la Sierra Nevada

El nuevo decreto incorpora como anexo la cartografía oficial definitiva, diseñada por el Igac junto a los pueblos indígenas, en línea con los principios culturales, espirituales y ambientales definidos en la Ley de Origen o Derecho Mayor/Propio, explicó Cambio. Esta base técnica legitima la delimitación administrativa y transforma la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta en un tejido vivo que abarca lagunas, montañas, costas, ciudades y espacios marítimos.

El concepto de Seshizha, presente en los documentos de los pueblos originarios, representa “el hilo o conexión que une los espacios sagrados de tierra, litoral y aguas continentales y marinas, como las venas en el cuerpo”. La Línea Negra conecta sitios emblemáticos como Valledupar, el Parque Tayrona, la Ciénaga Grande y zonas urbanas de Santa Marta y Ciénaga.

Cada punto georreferenciado —más de 340— tiene nombre en lengua indígena y una función en el orden espiritual y ambiental del territorio. También se incluyen espacios urbanos y turísticos como la bahía de Santa Marta, el aeropuerto, Mamatoco y Taganga, lo que subraya la complejidad y diversidad de la zona protegida.

Mecanismos de vigilancia y protección del territorio sagrado

Entre las principales disposiciones, el decreto crea una Mesa de Seguimiento y Coordinación integrada por ministros de Interior, Culturas, Salud, Educación, Ambiente y Agricultura, los gobernadores de Cesar, La Guajira y Magdalena, directores de Corporaciones Autónomas Regionales, delegados de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y autoridades indígenas. Esta mesa debe presentar informes públicos semestrales sobre el avance en la protección de la Sierra Nevada y el cumplimiento del decreto.

La resolución obliga a la ANT a establecer un programa de adquisición de predios dentro del sistema de espacios sagrados, para garantizar el acceso de las autoridades espirituales indígenas a sitios actualmente en manos privadas. Paralelamente, exige que todas las entidades públicas adopten la cartografía oficial para la planificación urbana, licencias ambientales y proyectos de infraestructura.

Con la incorporación obligatoria de la cartografía oficial en sistemas de información estatal, cualquier nuevo proyecto o licencia que se otorgue tendrá que considerar la delimitación y el estatus sagrado de los espacios reconocidos, ampliando la protección más allá del ámbito simbólico.

El nuevo decreto reconoce la vigencia de derechos adquiridos de terceros y de otras comunidades que coexisten en el territorio. Esto genera posibles áreas de superposición y tensión en zonas como Santa Marta, el Parque Tayrona o la Ciénaga Grande, donde confluyen intereses indígenas, turísticos, urbanos y comerciales.

La convivencia entre la protección de espacios ancestrales y las actividades económicas o presencia urbana requerirá coordinación entre autoridades estatales e indígenas. La Mesa de Seguimiento y Coordinación será fundamental para dirimir disputas y adaptar la aplicación del decreto a realidades concretas, en un proceso que busca una gestión compartida de este patrimonio nacional, explica el articulado al que accedió el medio citado.

La efectividad del precepto dependerá de la culminación de los trámites legales y administrativos pendientes. Solo entonces podrá consolidarse como una herramienta efectiva para preservar este territorio sagrado y su relevancia para Colombia.