Daniel Rojas le pidió al alcalde Galán cumplir el acuerdo sobre tarifa diferencial en transporte para estudiantes: “En lugar de golpear jóvenes pobres”

El Acuerdo Distrital 615 de 2015, que ordena la creación de una tarifa diferencial en el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, continúa sin aplicarse más de una década después de su aprobación.

Aunque la norma fue concebida como una medida de alivio económico para miles de jóvenes de bajos recursos, su implementación no se ha concretado debido a problemas de financiación y decisiones administrativas que han persistido a lo largo de varias administraciones distritales.

La situación ha reactivado el debate político y social sobre el cumplimiento de los acuerdos del Concejo de Bogotá.

El 9 de mayo de 2026, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, se pronunció públicamente sobre el tema y le pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que avance en la implementación del acuerdo aprobado en 2015.

A través de su cuenta en X, el funcionario recordó el origen de la norma y cuestionó su incumplimiento reiterado: “Cuando el presidente Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá se firmó el Acuerdo distrital 615 de 2015 sobre Tarifa diferencial en transporte público para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Desde entonces ningún alcalde o alcaldesa lo ha cumplido”.

En el mismo mensaje agregó: “Señor Carlos Fernando Galán, es mejor cumplir el Acuerdo 615 que dejamos firmado en el 2015 en lugar de golpear jóvenes pobres. Bogotá necesita con urgencia volver a ser más humana”.

El Acuerdo 615 fue aprobado el 22 de septiembre de 2015 por el Concejo de Bogotá, D.C. y estableció que la tarifa estudiantil en el Sitp no podría superar el 70% del valor de la tarifa ordinaria.

El beneficio está dirigido a estudiantes de secundaria (grados sexto a once) y de educación superior matriculados en instituciones de la ciudad, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, y que residan a más de un kilómetro de su centro educativo.

Según el entonces concejal Celio Nieves Herrera, autor de la iniciativa, la medida fue diseñada para reducir los costos de transporte de los estudiantes de menores recursos, con un ahorro estimado de hasta $720 por trayecto.

A pesar de su aprobación formal en 2015, la tarifa diferencial nunca ha sido puesta en marcha, como lo han señalado reiteradamente las quejas elevadas en el Concejo de Bogotá y la más reciente solicitud del ministro Daniel Rojas.

Desde 2016, las distintas administraciones distritales no han logrado implementarla. El principal obstáculo ha sido la falta de recursos para el subsidio, sumado a la ausencia de una fuente estable de financiación dentro del sistema de transporte.

Tanto la Secretaría de Educación Distrital como Transmilenio S.A. han advertido que su ejecución depende de decisiones presupuestales que, hasta ahora, no se han adoptado.

Celio Nieves Herrera ha insistido en múltiples ocasiones en su cumplimiento. Ha señalado que la administración distrital ha evitado asumir la responsabilidad de poner en marcha la tarifa diferencial, lo que lo ha llevado a promover acciones judiciales para exigir su implementación.

Sin embargo, los tribunales administrativos han negado las pretensiones, argumentando que la aplicación del acuerdo depende de la disponibilidad de recursos públicos y de decisiones de la administración central.

En 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respaldó la posición de Transmilenio S.A., entidad que afirmó no contar con los recursos necesarios para financiar la medida.

En ese fallo se indicó además que la Secretaría Distrital de Hacienda sería la encargada de garantizar las fuentes de financiación necesarias para sostener el beneficio en el tiempo.

La Secretaría de Educación Distrital ha explicado que desde 2016 se realizaron estudios para identificar a los posibles beneficiarios del programa.

Sin embargo, aunque dichos diagnósticos fueron actualizados posteriormente, no se avanzó en la implementación debido a la falta de aprobación presupuestal.

Según la entidad, la definición final de la tarifa y su operación requieren ajustes financieros que no han sido priorizados en el presupuesto distrital.

El debate también ha tenido un componente político. Durante la campaña electoral de 2019, la entonces candidata a la Alcaldía Claudia López reconoció que la tarifa diferencial no se estaba aplicando, aunque su administración posterior tampoco logró concretarla.