Daniel Quintero afirmó que sí hay recursos en el sistema de salud, advirtió problemas de manejo y presuntos desvíos

En un nuevo cruce político por la crisis del sistema de salud en Colombia, el presidente Gustavo Petro, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y el superintendente de Salud Daniel Quintero intercambiaron declaraciones que reavivaron el debate sobre la financiación del sistema, las deudas del sector y la gestión de los recursos públicos y privados.

La discusión se originó tras las declaraciones de la senadora Valencia, que cuestionó el estado financiero del sistema de salud y el cumplimiento de los pagos por parte del Gobierno.

Valencia aseguró que existen deudas que alcanzarían varios billones de pesos, lo que estaría generando dificultades en la operación de hospitales, retrasos en la prestación de servicios y afectaciones directas a los pacientes.

Según su planteamiento, el sistema atraviesa una crisis estructural marcada por la falta de flujo de recursos, lo que estaría llevando al cierre progresivo de servicios en distintas regiones del país.

La senadora también señaló que los problemas del sistema no se limitan a situaciones puntuales, sino a un deterioro generalizado del modelo de financiación.

En ese sentido, responsabilizó al Gobierno nacional por el incumplimiento en los pagos y por decisiones administrativas que, a su juicio, han profundizado la crisis. Valencia insistió en que el sistema de salud se encuentra en una situación crítica y que la falta de garantías financieras está afectando la continuidad de la atención médica para millones de usuarios.

En respuesta a estas afirmaciones, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, intervino con una declaración en la que planteó que el problema del sistema no es la falta de recursos, sino su manejo interno.

Dirigiéndose a la senadora, afirmó que “la evidencia muestra que plata sí hay pero se la roban”, señalando presuntos desvíos de recursos dentro del sistema de salud.

Quintero sostuvo que esos recursos habrían sido utilizados para financiar campañas políticas, fortalecer negocios privados y ser redirigidos hacia instituciones prestadoras de salud con altos niveles de rentabilidad.

En su intervención afirmó que algunas IPS habrían acumulado utilidades superiores a los 45 billones de pesos en los últimos cinco años, lo que, según su visión, evidenciaría que el sistema sí genera recursos suficientes, pero estos no se estarían destinando adecuadamente.

El superintendente también cuestionó la tesis de que el sistema sea financieramente inviable o que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) resulte insuficiente por sí sola.

En ese punto, planteó que si el modelo fuera realmente insostenible o poco rentable, no se explicaría la permanencia ni el interés de actores privados en el sector. Como ejemplo, mencionó a Jaime Miguel González, gerente de Coosalud, aludiendo a la continuidad de fuertes intereses en la administración del sistema.

Quintero afirmó además que el problema de fondo es estructural y que el modelo actual de salud “privilegia el negocio sobre la prevención, la predicción y el uso de tecnologías para evitar el fraude”.

Según su postura, esta estructura ha permitido la consolidación de incentivos que distorsionan la prestación del servicio y dificultan la atención eficiente de los pacientes.

También señaló que sectores políticos del Congreso habrían bloqueado reformas orientadas a transformar el sistema hacia un esquema más sostenible y con mayor control.

En su mensaje, el superintendente aseguró que su actuación está orientada a garantizar el cumplimiento de la ley dentro del sistema de salud.

En ese sentido, afirmó que su labor se centra en evitar prácticas como el ocultamiento de medicamentos, la negación de tratamientos a pacientes y el presunto desvío de recursos destinados a la atención médica. Según dijo, su objetivo es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los usuarios y no se pierdan en intermediaciones o prácticas irregulares.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro intervino en el debate defendiendo la separación entre las responsabilidades del Estado y las obligaciones de actores privados dentro del sistema.

En su respuesta a la senadora Valencia, afirmó que “las deudas del Estado las paga el Estado. Las deudas de los particulares las pagan los particulares”, subrayando que no corresponde al erario público asumir compromisos financieros de entidades privadas.

El mandatario advirtió además que utilizar recursos públicos para cubrir deudas de actores privados del sistema de salud podría afectar directamente a la ciudadanía, al desviar fondos que deberían destinarse a la atención general de la población.

En su intervención también reiteró su crítica al funcionamiento histórico del sistema, señalando que ha existido una concentración de recursos en ciertos actores del sector, lo que ha contribuido a las tensiones actuales.