Estudiante denunció a un presunto agresor sexual en la Universidad del Rosario: la víctima tuvo que abandonar sus estudios pero el sospechoso sigue matriculado

La denuncia de una presunta violación que involucraría a dos estudiantes de la Universidad del Rosario generó una de las controversias más delicadas para la institución, después de que el señalado por abuso sexual permaneciera matriculado pese a existir una decisión de expulsión en su contra.

El caso, revelado por la revista Semana, expuso retrasos administrativos, recursos internos cuestionados y fallas procesales que habrían favorecido al presunto agresor, mientras la víctima decidió abandonar la universidad para evitar coincidir con él.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en mayo de 2025 en un apartamento ubicado en el centro de la capital del país.

Según la reconstrucción publicada por el medio citado, la víctima y Diego Alejandro Rivera —entonces amigo y compañero de clase— habrían llegado al lugar luego de compartir unas cervezas. La joven aseguró que se encontraba adormecida e incapaz de reaccionar cuando habría sido víctima de abuso sexual.

La denuncia habría estado acompañada de conversaciones de WhatsApp presentadas ante la justicia y ante la universidad como prueba. En uno de los mensajes, la víctima le reclamó directamente a Rivera: “Te atienes a que literalmente me violaste”. Según el reporte del medio, el joven respondió: “Lo que hice estuvo muy mal, perdóname… fue un error, lo reconozco”.

A esto se sumó el diagnóstico consignado en la historia clínica de la Clínica Universitaria Colombia, donde la estudiante recibió atención médica durante tres días por presunto abuso sexual. Posteriormente, la joven acudió junto a su padre y un amigo a la URI de Paloquemao para formalizar la denuncia penal ante la Fiscalía.

De acuerdo con el relato, la fiscal encargada del caso inicialmente habría asegurado que solicitaría medida de aseguramiento contra Diego Alejandro Rivera. Sin embargo, el proceso avanzó únicamente con la imputación por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado, sin petición de restricción de libertad contra el señalado.

La víctima expresó posteriormente su inconformidad mediante una queja formal dirigida a la Fiscalía.

“Tengo miedo, estoy asustada y no creo en sus palabras”, escribió, según el documento citado por Semana, en el que también cuestionó el manejo que se le dio a su denuncia.

Mientras avanzaba el proceso judicial, el caso también habría sido asumido internamente por el Equipo de Comprensión, Orientación, Recepción y Acompañamiento (Cora) de la Universidad del Rosario, instancia encargada de tramitar denuncias relacionadas con violencias basadas en género en la institución.

Las pruebas presentadas, incluidos los chats en los que Rivera ofrecía disculpas, habrían llevado inicialmente a la universidad a decidir la expulsión del estudiante. Sin embargo, el procedimiento terminó prolongándose durante varios meses debido a un recurso de súplica presentado por la defensa del señalado.

El abogado de la víctima cuestionó la legalidad de ese recurso, argumentando que no estaría contemplado dentro del reglamento aplicable a casos de violencias basadas en género. Pese a ello, la universidad decidió tramitarlo, lo que habría extendido significativamente los tiempos de resolución.

La decisión de expulsión en primera instancia habría sido emitida el 2 de octubre de 2025, pero el comité de decanos tardó casi cinco meses en resolver la segunda instancia. Durante ese periodo, la familia de la víctima aseguró haber recibido información errónea por parte de directivas universitarias, quienes les habrían indicado que la expulsión ya se había ejecutado.

Según la revista citada, la familia descubrió que Rivera seguía matriculado gracias a información entregada por excompañeros de la estudiante y por una grabación obtenida en el consultorio jurídico de la universidad. Posteriormente, la institución reconoció el error en la información suministrada.

Cuando finalmente se resolvió la expulsión, el estudiante ya habría iniciado un nuevo semestre académico. Ese detalle terminó siendo determinante para el desenlace jurídico posterior.

El reglamento de la universidad establece que una sanción puede aplicarse inmediatamente únicamente si la decisión es notificada antes de que transcurran las tres primeras semanas del semestre académico.

Como la notificación ocurrió después de ese plazo, Diego Alejandro Rivera interpuso una acción de tutela alegando vulneración al debido proceso.

El fallo le dio la razón al estudiante y suspendió la aplicación inmediata de la sanción. La decisión judicial señaló que el semestre académico había iniciado el 26 de enero de 2026 y que la notificación de la expulsión ocurrió posteriormente, por fuera de los tiempos establecidos por el reglamento institucional.

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