El Gobierno solicitó la suspensión de las órdenes de captura, incluidas las solicitudes de extradición, para 29 cabecillas del Clan del Golfo.
Se trata de una medida temporal adoptada para permitir el traslado de estos líderes a las Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó, con vistas al proceso de paz que prevé la movilización para el 25 de junio.
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El objetivo de esta disposición es facilitar la participación de los cabecillas en las negociaciones con el Ejecutivo, en el contexto del actual diálogo con la estructura armada. Esta suspensión afecta tanto a órdenes internas como a solicitudes de extradición.
El documento, fechado el 29 de abril y difundido este 8 de mayo, confirma que la administración del presidente Gustavo Petro aceptó un listado de nombres presentado por el grupo armado para avanzar en el proceso de diálogo.
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Esta decisión ocurre en el marco de resoluciones previas —la 257 del 8 de julio de 2024 y la 294 del 5 de septiembre de 2025— que autorizaron la creación de un espacio de conversación formal con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido popularmente como Clan del Golfo.
El acto administrativo fue comunicado formalmente a la Fiscalía General de la Nación a efectos de la suspensión temporal de las órdenes de captura, al Ministerio de Defensa Nacional para adoptar medidas de seguridad, y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), entidad que participará en el mecanismo tripartito de verificación.
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La resolución enfatiza que la inclusión de estas primeras 29 personas en el proceso “no agota la identificación progresiva de las personas que podrán incorporarse al proceso en cumplimiento de compromisos adquiridos”, señalando que el listado podrá ser ampliado conforme avance el trabajo pedagógico, la consulta interna y la coordinación institucional requerida para facilitar nuevas incorporaciones al proceso de desmovilización.
La autoridad advirtió, finalmente, que el incumplimiento de los términos y condiciones fijados dará lugar a la revisión inmediata de la medida y la adopción de acciones institucionales correspondientes.
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Entre los nombres destacados en la lista figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias Chiquito Malo, señalado como el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Junto a él, aparecen figuras como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña Santana, Luis Enrique Martínez Cogollo, Carlos Andrés Méndez Paternidad y otros 24 miembros, cuyas identidades fueron divulgadas en el documento oficial.
Estos son los miembros de la estructura armada:
- Tatiana Andrea Correa Jaramillo
- José Francisco Peña Santana
- Luis Enrique Martínez Cogollo
- Carlos Andrés Méndez Paternidad
- Ermy Daniel Velásquez Cuadrado
- Fredy Ferney Anaya Mejía
- Andrés Arrieta Cardona
- Luis Antonio Mogrovejo
- Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo
- Orosman Orlando Osten Blanco
- Elkin Casarrubia Posada
- Wilmar Albeiro Mejía Úsuga
- Luis Armando Pérez Castañeda
- José Alberto Vega Alvarán
- Deneil Enrique Acosta Ballesteros
- Álvaro Padilla Medina
- Julio César Sánchez
- Ana Gisela Vásquez Jiménez
- Jesús Betancur
- Juan Pablo Marín Quiceno
- Esneider Paul Torres Santero
- Juan Carlos Hernández Díaz
- Armando Morellys Socarrás Negrete
- Jesús Arnovis Betancur Sepúlveda
- Arturo Efraín Viera Almanza
- Jesús Ramos Machado
- Juan David Bahena Miranda
- José Higinio Arroyo Ojeda
- Jaime Antonio Morelo Fajardo
La decisión del Gobierno de suspender temporalmente las órdenes de captura y extradición para 29 cabecillas del Clan del Golfo marca un paso significativo en la estrategia para avanzar en los diálogos de paz con este grupo armado.
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Al permitir el traslado de los líderes a Zonas de Ubicación Temporal y coordinar acciones con diferentes entidades nacionales e internacionales, la administración busca crear un entorno propicio para las negociaciones y la desmovilización.
El alcance de la medida queda abierto a futuras ampliaciones, sujeto al progreso y cumplimiento de los compromisos adquiridos, lo que refleja una apuesta por la flexibilidad y la vigilancia institucional en el desarrollo del proceso.
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