
La investigación sobre el accidente que involucró a un ‘monster truck’ el 3 de mayo de 2026 en el Boulevard Rose de Popayán, Cauca, podría modificar de manera considerable el destino judicial tanto de la conductora, Sonia Segura, como del personal responsable de autorizar el evento.
La tragedia, que resultó en tres personas muertas y 51 heridas, plantea interrogantes sobre si existió negligencia, dolo eventual o irregularidades administrativas, según el análisis realizado por abogados y expertos.
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Uno de los elementos diferenciadores del caso, señalado por el exfiscal y docente universitario Juan Camilo Caicedo en La FM, es el rango potencial de las penas. En caso de una culpa con representación, la condena podría situarse entre dos años y ocho meses y nueve años de prisión. Sin embargo, si se comprobara que la conductora conocía los riesgos del espectáculo y aun así actuó, el proceso judicial podría encaminarse hacia el dolo eventual, con penas sustancialmente superiores, de 17 a 37 años de cárcel.

Caicedo detalló que los investigadores deben determinar si el desenlace era previsible, si se contaba con condiciones de seguridad adecuadas y si el espacio donde se llevó a cabo el evento tenía los permisos pertinentes para maquinaria de tamaño y potencia equivalentes. En su análisis, el experto explicó además que el peritaje técnico será fundamental para identificar si existió un fallo mecánico espontáneo o un error vinculado al mantenimiento del vehículo, lo que podría reconfigurar la valoración penal.
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El panorama legal se complica por las denuncias de presuntas irregularidades en las autorizaciones del evento, presentadas por el abogado Fabián Naranjo en la misma emisión.
Naranjo afirmó que su firma interpuso denuncias penales contra funcionarios de la administración municipal de Popayán, debido a que los documentos revisados reflejaban inconsistencias en la tramitación y el tipo de permiso expedido.
Entre los hallazgos, manifestó que la autorización otorgada correspondía a un espectáculo de artes escénicas, no a una actividad de alto impacto como la exhibición de una ‘monster truck’, y señaló una incongruencia en las fechas: varios documentos fueron extendidos para el 26 de abril de 2026, mientras que el evento se realizó el 3 de mayo de 2026.
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El togado también recalcó que su revisión abarcó todo el procedimiento, indicando: “Desde el minuto uno, desde la solicitud hasta el minuto final estaba mal”. Naranjo añadió que esta cadena de irregularidades administrativas exige un pronunciamiento judicial y la eventual determinación de responsabilidades de los funcionarios involucrados, reiterando que “eso tiene que la justicia tomar cartas sobre la mesa”.
Se pronunció la defensa de Sonia Segura

Frente a las investigaciones para determinar la responsabilidad de Segura en los hechos, Litigium Abogados, representante legal de la conductora, recalcó que no se registran restricciones de libertad ordenadas ni ha sido formalmente requerida por una autoridad competente; pese a ello, su cliente y familia denunciaron amenazas y temen por su integridad personal.
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“Sonia lamenta profundamente lo sucedido y se encuentra afectada emocionalmente por los hechos. Ella y su familia han recibido amenazas, por lo cual existe temor por su integridad personal”
La firma Litigium Abogados tomó la representación legal de Segura en el proceso y expresó “profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con las personas lesionadas y con toda la comunidad afectada”, conforme al comunicado publicado el 8 de mayo de 2026.
Frente a las grabaciones realizadas por testigos y difundidas en redes. La firma aseveró que “el dolor de las víctimas merece respeto absoluto y ninguna actuación de defensa puede desconocer la gravedad humana de lo ocurrido”, y añadió que Segura comparecerá ante la autoridad si es requerida, conforme al debido proceso, resaltando el compromiso de su clienta con el esclarecimiento de los hechos.
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