El Gobierno de Estados Unidos solicitó ante una corte federal de Miami revocar la ciudadanía de Víctor Manuel Rocha, exembajador nacido en Colombia y condenado en 2024 por espiar durante más de cinco décadas para el régimen cubano desde posiciones clave en la diplomacia estadounidense.
Con esta demanda, que representa uno de los mayores casos de infiltración descubiertos en la estructura estatal norteamericana, NBC Miami informó que las autoridades buscan no solo anular la nacionalización de Rocha, sino exigir la devolución de todos los pasaportes y documentos de identidad, lo que constituiría un desenlace de consecuencias excepcionales para la seguridad y la diplomacia estadounidenses.
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En el documento presentado, el Departamento de Justicia sostuvo que Rocha ocultó su historial de colaboración con la Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana durante su proceso de naturalización en 1978.
El expediente detalla que Rocha inició su vinculación clandestina con el espionaje cubano en 1973, cinco años antes de obtener la ciudadanía estadounidense, momento en que fue contactado en un programa estudiantil en Chile.
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Según la acusación, ocultó deliberadamente su pertenencia al Partido Comunista y negó bajo juramento tener vínculos delictivos o lealtades ajenas a Estados Unidos. La denuncia judicial recogida por el medio citado recalcó que “ninguna de estas afirmaciones era cierta”.
La dimensión de la causa quedó al descubierto en abril de 2024, cuando Rocha firmó un acuerdo de culpabilidad con la justicia federal admitiendo su colaboración con el gobierno de Cuba desde 1973, una trayectoria clandestina que abarcó altos puestos dentro del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional.
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Durante este último, entre 1994 y 1995, y siendo embajador de Estados Unidos en Bolivia de 2000 a 2002, Rocha habría mantenido sus actividades de inteligencia en beneficio de La Habana, utilizando el acceso a información confidencial para apoyar operaciones encubiertas.
El acuerdo de culpabilidad y la cronología de la infiltración cubana
Rocha, de 75 años y actualmente cumpliendo una condena de 15 años en la prisión federal FCI Coleman de Florida, admitió que cursó una maestría en administración pública en Harvard University en 1976 y otra en relaciones internacionales en Georgetown University en 1978 para perfeccionar su labor como espía.
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El expediente sostiene que, desde su ingreso oficial al Departamento de Estado en 1981 —primero en la oficina de Honduras y luego en la embajada en la República Dominicana—, continuó reportando información a la DGI cubana durante toda su carrera, incluyendo misiones en México, Argentina y como responsable de la sección diplomática en La Habana.
El caso avanzó tras una operación encubierta realizada por el FBI en 2022 y 2023, en la que Rocha fue grabado por un agente que fingía ser representante de la inteligencia cubana. En esos encuentros, Rocha relató con detalle su trabajo de décadas para el régimen de Fidel Castro, refiriéndose a Estados Unidos como “el enemigo” y a los funcionarios cubanos como “compañeros”.
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El exembajador sostuvo que su labor había sido “enorme… más que un jonrón con bases llenas” y que contribuyó a “fortalecer la Revolución… inmensamente”, según consta en las grabaciones utilizadas como prueba principal.
La acción civil de desnaturalización emprendida por la Fiscalía implica la cancelación definitiva de la ciudadanía estadounidense, la anulación del certificado de naturalización y el retiro de todos los beneficios y derechos derivados.
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La figura legal utilizada se apoya en la demostración de perjurio, ocultamiento de afiliaciones comunistas y falta de “buen carácter moral”, conforme al requerimiento legal para obtener la nacionalidad.
En diciembre de 2023, Rocha fue arrestado en Miami y acusado formalmente de conspirar para actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y de fraude al Estado. Según la sentencia emitida en 2024, la jueza federal Beth Bloom afirmó que Rocha “traicionó a Estados Unidos durante 51 años” y calificó como ilícita la ciudadanía adquirida. Además de la pena de prisión, Rocha fue condenado a pagar una multa de USD 500.000.
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La comunidad cubanoamericana del sur de Florida reaccionó con especial indignación ante la magnitud del caso. El entonces fiscal federal Markenzy Lapointe, del Distrito Sur de Florida, admitió que se trató de una actividad “especialmente dolorosa para muchos en el sur de Florida”. El Gobierno de Estados Unidos sostiene que de haber conocido los verdaderos lazos de Rocha con Cuba, la solicitud de ciudadanía jamás habría sido aceptada.
El caso representa un evento singular en los anales judiciales de la nación por la extensión y profundidad del encubrimiento, así como por la gravedad de la infiltración de un agente extranjero en la alta función pública estadounidense.
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