La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia acusó al presidente Gustavo Petro de implementar una estrategia electoral al solicitar a la Fiscalía General de la Nación que suspenda las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo, decisión que, según Valencia, pone en riesgo la transparencia de los comicios y favorece a los grupos armados ilegales en el marco de la política de “paz total”.
Desde sus redes sociales, la congresista publicó varios mensajes en los que insistió en que la suspensión de 29 órdenes de captura al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia responde a “una estrategia electoral”, acusando al Gobierno nacional de liberar delincuentes y trasladarlos a zonas de ubicación.
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“Mire, es gravísimo lo que está pasando con este gobierno y la Paz Total de Iván Cepeda, donde le despejaron el terreno a los violentos y andan presionando con fusiles para que voten por él”, aseguró la senadora del Centro Democrático.
En otro mensaje, Valencia calificó la medida como “golpe de Estado a las elecciones”, vinculando al Clan del Golfo como “socio fundador del Pacto de La Picota que eligió con sus votos a @petrogustavo según confesión de su hermano”.
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La senadora añadió: “Narcotráfico puro y duro, aliado natural de @IvanCepedaCast, a sus anchas desde su zona de despeje”.
Petro le solicitó a la Fiscalía suspender órdenes de captura a 29 integrantes del Clan del Golfo

El presidente Gustavo Petro, le hizo una solicitud formal a la Fiscalía General para suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, incluyendo a su principal líder, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y terrorismo.
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Esta medida tiene como objetivo permitir el traslado de estos miembros a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) el 25 de junio de 2026, con el fin de facilitar los diálogos de paz con la organización armada, considerada la de mayor alcance en Colombia y responsable de una parte significativa del tráfico de drogas y actividades de minería ilegal y extorsión.
La resolución, firmada por la Comisionado de Paz Otty Patiño, establece que la suspensión de las capturas será válida únicamente durante el proceso de traslado y bajo condiciones específicas, tales como restricciones de tiempo, lugar y finalidad, todas vinculadas estrictamente al proceso negociador.
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La medida requiere el aval expreso de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien está evaluando la legalidad del pedido.
El proceso de diálogo con el clan del Golfo, iniciado en agosto de 2025 y realizado fuera del territorio colombiano, ha contado con la participación y supervisión internacional de países como Catar, España, Suiza y Noruega.
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Las zonas designadas para la reubicación de los combatientes se encuentran en Tierralta (Córdoba), Unguía y Belén de Bajirá (Chocó). El ingreso estaba originalmente programado para marzo de 2026, pero se postergó debido a problemas logísticos, condiciones climáticas adversas y la muerte de un alto mando del grupo.
La suspensión temporal de las órdenes de captura se ampara en la Ley 418, que regula los procesos de paz con grupos armados organizados. Solo se aplicará durante las actividades directamente relacionadas con el traslado y preparación para el ingreso a las ZUT.
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La decisión también contempla que, de no cumplirse los plazos o condiciones establecidos, la suspensión podría ser revocada, como ya ocurrió en marzo de 2026 cuando el Gobierno la anuló por la inacción en el traslado.
Entre los 29 integrantes mencionados en la resolución figuran nombres como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña Santana y Luis Enrique Martínez Cogollo, además del citado ‘Chiquito Malo’. La aceptación de la lista se realiza bajo el principio de buena fe y con la obligación de notificar a las autoridades correspondientes para activar los mecanismos legales de suspensión.
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