Entidades de control y organismos gubernamentales y extranjeros se pronunciaron frente a los “juicios revolucionarios” del ELN: “Es delito”

Organización de Naciones Unidas, Fiscalía General de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Arauca, ELN, CTI reclamaron este 29 de abril la liberación inmediata y sin condiciones de los dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación y dos policías secuestrados por el ELN en Arauca, tras la difusión de videos que prueban su cautiverio y las condenas dictadas por ese grupo armado.

Según la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Organización de Naciones Unidas, mantener a los funcionarios en poder del ELN luego de “juicios irregulares” y dictarles condenas constituye un secuestro y una violación seria de los derechos fundamentales, de acuerdo con la Constitución de 1991 y los principios del Estado Social de Derecho.

Las entidades subrayan que el ELN carece de legitimidad y competencia para dictar sentencias de privación de libertad, y demandan el cese inmediato de acciones que incrementan el daño a las víctimas y la sociedad colombiana.

Los secuestros sucedieron en 2025 en el departamento de Arauca, zona de influencia del ELN, según lo que han informado las autoridades colombianas.

Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, fueron capturados el 8 de mayo en Fortul.

Por su parte, el subintendente Franklin Esley Hoyos Murcia, investigador criminal de la Dijín, y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza —identificado también como Jordi en algunas fuentes—, adscrito al Cuerpo Élite de la Dijín en Bogotá, fueron retenidos el 20 de julio en la carretera Tame-Arauca.

Condenas impuestas por el ELN y justificación guerrillera

El ELN emitió videos con las denominadas “sentencias revolucionarias”: ‘sesenta meses de privación de libertad’ para Jesús Antonio Pacheco Oviedo y ‘cincuenta y cinco meses para López Estrada’. La guerrilla justificó las sanciones bajo cargos de crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura, sin que existan pruebas validadas por las autoridades.

Para los policías, el ELN informó que ambos recibieron condenas de ‘treinta y seis meses por supuestos cargos de espionaje y perfidia’. El grupo armado anunció que el tiempo ya pasado en cautiverio se descontaría de las penas internas. Tanto las autoridades colombianas como las fuentes consultadas rechazan la validez de estos actos, que califican como “procesos ilegales” ejecutados sin competencia judicial, y exigen su anulación.

Respuestas institucionales y exigencias de liberación

Las respuestas de las instituciones han sido directas y coordinadas.

Mediante un comunicado conjunto, la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría reafirmaron que el ejercicio de la justicia en Colombia corresponde únicamente a las entidades estatales, como lo establece la Constitución, de acuerdo con el diario El Tiempo y el noticiero colombiano Noticias Caracol.

Las instituciones remarcan: “el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado Social de Derecho”.

La Procuraduría declaró: "El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana". Además, exhortó al Gobierno a garantizar la libertad de los funcionarios y salvaguardar el orden nacional.

La Fiscalía y la Corte Suprema agradecieron los esfuerzos de quienes mantienen abiertos los canales humanitarios y reiteraron que la liberación debe ser incondicional, en señal de buena fe en el proceso de paz con el ELN.

Condena internacional y postura de la ONU

A nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas, citada por el noticiero colombiano Noticias Caracol, destacó la urgencia de la liberación: “urge al ELN la libertad inmediata y sin condiciones”, respetando en todo momento la vida y los derechos humanos de los cautivos.

El organismo internacional calificó estos hechos como “privación arbitraria de la libertad”, el punto fuera de comillas, término empleado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para estos casos, y señaló la seriedad de la situación.

La ONU subrayó la imperiosa necesidad de terminar con el secuestro, reiterando que esta práctica representa una violación seria de derechos y un daño irreparable para las personas afectadas.

Impacto en el proceso de paz y consecuencias para las víctimas

Según las entidades citadas, los secuestros del ELN incrementan la desconfianza hacia los diálogos de paz y generan percepción de inseguridad en la población. Las instituciones estatales indican que retener funcionarios perpetúa el ciclo de violencia y afecta de manera duradera a las víctimas directas y a sus familias.

Las autoridades advierten que este tipo de acciones erosiona las posibilidades de reconciliación nacional y deja secuelas persistentes en quienes sufren la privación de la libertad y en el tejido social colombiano.

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