
La crisis financiera del sistema de salud en Colombia ya empezó a reflejarse con fuerza en Bogotá, donde varias clínicas redujeron servicios esenciales y otras cerraron sedes completas por falta de recursos.
Uno de los casos más críticos es el de la clínica Juan N. Corpas, que actualmente opera únicamente con cuatro camas de Unidad de Cuidados Intensivos, pese a tener capacidad para 16.
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La situación se agravó tras la renuncia masiva de especialistas por retrasos en salarios y pagos pendientes, según información conocida por Revista Semana.
La institución médica, ubicada en la localidad de Suba, aseguró que las EPS acumulan deudas superiores a los 25 mil millones de pesos, situación que ha afectado directamente la operación del centro asistencial y el cumplimiento de obligaciones básicas.
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Directivos de la clínica indicaron que todavía existen pagos atrasados desde octubre y noviembre para parte del personal médico especializado, panorama que terminó provocando la salida de varios profesionales de cuidados intensivos.
La reducción del servicio dejó a la clínica funcionando con apenas una cuarta parte de su capacidad en UCI, generando preocupación entre pacientes y trabajadores del sector salud.
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El panorama también golpeó a la clínica Medical, que confirmó el cierre de cuatro sedes en Bogotá debido a las dificultades económicas derivadas, según explicó la institución, de incumplimientos en los pagos realizados por las EPS.
Las sedes de Toberín, Norte, Américas y Santa Juliana suspendieron operaciones, mientras que la sede de Kennedy dejó de prestar varios servicios especializados como cardiología, diálisis y cuidados intensivos.
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La decisión provocó incertidumbre entre miles de usuarios que llegaron a las instalaciones y encontraron cancelaciones de consultas, procedimientos médicos y tratamientos que ya estaban programados.
“Estamos en el aire”, expresó una paciente afectada luego de enterarse de la suspensión de varios exámenes y citas médicas que tenía pendientes.
Voceros de la clínica señalaron que cada mes dejarán de atenderse cerca de 30 mil pacientes en áreas como urgencias, consulta externa, rehabilitación y cirugías programadas.
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El impacto de esta situación no solo afecta a quienes requieren atención inmediata, sino también a pacientes con tratamientos prolongados que dependen de controles médicos constantes.
A la crisis también se suman reportes de suspensión parcial de algunos servicios oncológicos en otras IPS de Bogotá, lo que incrementó la preocupación dentro del sector hospitalario de la capital.
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Varios especialistas advierten que las dificultades financieras ya están comprometiendo la capacidad operativa de clínicas y hospitales, especialmente en áreas de alta complejidad que requieren personal altamente calificado y equipos permanentes.
El problema ocurre en medio de las crecientes discusiones nacionales sobre el estado financiero de las EPS y la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.
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Mientras algunas instituciones médicas intentan mantener abiertos los servicios prioritarios, otras reconocen que la falta de flujo de recursos está poniendo en riesgo la continuidad de la atención para miles de pacientes.
La crisis también empieza a impactar las condiciones laborales del personal sanitario, que denuncia retrasos salariales y falta de garantías para continuar ejerciendo sus funciones.
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Hospitales y clínicas sostienen que la situación podría empeorar en las próximas semanas si no se giran recursos suficientes para cubrir obligaciones pendientes y garantizar la operación de servicios críticos.
El temor de varias instituciones es que el cierre progresivo de áreas especializadas termine aumentando la presión sobre otros hospitales de la ciudad, que ya enfrentan altos niveles de ocupación.
Pacientes, médicos y trabajadores del sector coinciden en que el deterioro financiero del sistema ya dejó de ser un debate administrativo y empezó a convertirse en una emergencia que afecta directamente la atención en salud de miles de ciudadanos.
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