Caso Lili Pink: abogado de los dueños de la empresa reveló que salieron del país antes del operativo, pero que acudirán ante la justicia

El grupo empresarial vinculado a la cadena Lili Pink se enfrenta a un proceso judicial y patrimonial de gran alcance tras la identificación, el 27 de abril de 2026, de una presunta red de contrabando y lavado de activos que involucra a sus establecimientos en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) detectaron irregularidades en las solicitudes de devolución de IVA y la creación de empresas de papel para simular operaciones comerciales, lo que ha derivado en la ocupación cautelar de más de 400 bienes entre tiendas, inmuebles y vehículos, que continuarán operando bajo supervisión estatal en tanto avanza la investigación.

El caso tiene como foco a los empresarios Max Marvin Abadi y David Abadi, padre e hijo de origen judío, señalados por la Fiscalía como las piezas centrales de una estructura societaria que habría ejecutado operaciones de comercio exterior a través de empresas ficticias.

Ambos empresarios están oficialmente vinculados al proceso por presunto contrabando y lavado de activos por más de 760.000 millones de pesos, una cifra que sitúa esta operación entre las más voluminosas detectadas en el sector textil colombiano en los últimos años.

En medio de la investigación, el abogado Iván Cancino, representante legal de los dos empresarios, se refirió a la situación legal de los ciudadanos colombo-panameños, confirmando que, previo al operativo, salieron del territorio nacional.

Sin embargo, el jurista, en declaraciones a El Tiempo, indicó también que los Abadi comparecerán de manera virtual para rendir explicaciones sobre el tema en cuestión.

“He asistido ya a algunas audiencias previas. Y si bien por ahora no habrá más declaraciones, le puedo anticipar que ellos darán las explicaciones sobre el caso”, manifestó Cancino al diario mencionado.

Detalles de la investigación

Una de las evidencias que diferencia esta investigación es el crecimiento patrimonial de los Abadi, que según la Fiscalía, habrían incrementado sus fortunas en más de 434.000 millones de pesos mediante importaciones opacas.

El rastreo oficial muestra una red con conexiones en Panamá y Bahamas —donde presuntamente se enviaron fondos— y la gestión de franquicias en otros países. El expediente documenta la utilización de cuentas bancarias, préstamos y sociedades extraterritoriales como parte del mecanismo.

Los vínculos del entramado se extienden a miembros del equipo operativo y administrativo de la cadena: sobresale el caso de Jonnathan Villamil Soler, chofer de los Abadi, quien figura como representante legal de una de las proveedoras de Lili Pink a pesar de que simultáneamente conducía una de las camionetas personales de los empresarios. La Fiscalía sostiene que estas empresas proveedoras colocaban marquillas de “hecho en Colombia” a mercancías producidas en China.

Dentro de las estructuras investigadas se identifica a Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, tesorera de empresas de Lili Pink, así como a una operaria y una ejecutiva de talento humano, todos señalados como representantes legales de compañías proveedoras ligadas al grupo. Tanto Villamil como Sánchez Laguna están asociados a la firma Pink Life, que reporta activos por 280.000 millones de pesos.

El expediente fiscal contiene decenas de interceptaciones en las que los implicados discutían movimientos de dinero y mercancía.

De acuerdo con la documentación revelada por El Tiempo, se precisa que parte de la argumentación legal de la defensa radica en la solicitud de aplazamiento de audiencias para Villamil, debido a problemas de salud, así como en la petición para que el expediente pase a la ciudad de Barranquilla.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la investigación, iniciada en 2022, tiene jurisdicción nacional y que el caso debe permanecer en Bogotá.

El expediente incluyó los resultados arrojados por el software de vigilancia, los patrones identificados en los registros contables y los hallazgos de los operativos judiciales.

Las decisiones procesales solo avanzaron cuatro años después, marcando el ritmo de una causa que pone bajo la lupa no solo a empresas privadas como Lili Pink, sino también al funcionamiento interno de la administración tributaria en Colombia.