Ejército Nacional desmanteló una fábrica de explosivos en El Tambo, Cauca: pertenecía a las disidencias de las Farc

El 2 de mayo de 2026, el Ejército Nacional de Colombia logró desarticular una de las mayores fábricas de explosivos de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc, en una operación realizada en el municipio de El Tambo, Cauca.

Esta acción neutralizó una inminente ofensiva que, según inteligencia citada por la propia fuerza militar, estaba dirigida contra la población civil y las tropas en el estratégico Cañón del Micay, una región históricamente disputada por su valor para el control de economías ilícitas y corredores hacia el Pacífico.

El arsenal incautado revela la escala de la amenaza

Durante el operativo, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.º 10, bajo la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4, localizaron la fábrica artesanal en el corregimiento La Emboscada. El hallazgo fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron anticipar el almacenamiento y preparación de material bélico por parte de la Compañía Fardey Díaz, brazo operativo de la Estructura Carlos Patiño, organización bajo control de alias Iván Mordisco.

La magnitud del arsenal incautado reveló, de acuerdo con el comunicado oficial del Ejército Nacional y sus expertos antiexplosivos, la capacidad técnica y la determinación criminal de la estructura. En el lugar se encontraron tres cilindros de alto poder, cada uno con 50 kilogramos de explosivos, así como 75 artefactos improvisados listos para ser utilizados.

Estos últimos incluían 55 dispositivos tipo ‘betún’ y 20 recipientes plásticos de un litro cargados con metralla y explosivos. Además, se decomisaron dos sistemas de radiofrecuencia para detonación remota, una batería de vehículo, 600 metros de cable dúplex, 26 detonadores con cartuchos y resortes, 60 tornillos tipo percutor y diez metros de tubería PVC.

Este bloque responde directamente a la dimensión y el significado de la acción militar: la neutralización de un arsenal que ponía en riesgo inminente a comunidades rurales e integrantes de la fuerza pública en el suroccidente de Colombia, según lo informado por el Ejército Nacional.

En total, la cantidad de explosivos incautados ascendió a 150 kilogramos solo en cilindros, además de los dispositivos artesanales y materiales técnicos, evidenciando el carácter sistemático de la preparación para ataques a gran escala.

Consecuencias inmediatas para la seguridad en el suroccidente

El desmantelamiento de esta fábrica frustró una serie de atentados cuyo objetivo era detener el avance estatal en zonas controladas por las disidencias.

El Ejército Nacional también informó que estas acciones buscaban, además, intimidar a las comunidades campesinas, que han resistido el control ilegal y se niegan a colaborar con estos grupos armados. El uso de estas minas y cilindros-bomba constituye, conforme al reporte oficial, una abierta transgresión de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, al no discriminar entre objetivos militares y civiles.

Tras asegurar el perímetro de La Emboscada, las autoridades procedieron a garantizar la seguridad de la población antes de dar aviso a las instancias judiciales, con el objetivo de iniciar los procesos de judicialización y la destrucción controlada de los explosivos bajo estándares estrictos de seguridad.

La Tercera División del Ejército Nacional reiteró su intención de mantener operaciones conjuntas e interinstitucionales en el departamento de Cauca. El mandato, conforme a lo expresado por el Ejército, es debilitar a los grupos armados organizados y proteger a los habitantes del suroccidente colombiano, que han soportado en primera línea el impacto de estos métodos bélicos no convencionales.

Al golpe se suma la incautación de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, una granada de mortero de 40 mm, tres proveedores, un dron con sus respectivos controles, 10 radios de comunicación y baterías en zona rural del municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia.

Las tropas incautaron 100 detonadores aneléctricos, cableado, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía, hamacas, brazaletes alusivos a los grupos ilegales,además de libretas y material doctrinal.