Senador Giraldo denuncia que resolución de la eutanasia del Gobierno Petro le quita a los padres la última palabra sobre la vida de sus hijos

El senador Mauricio Giraldo, del Partido Conservador, lanzó una denuncia pública contra la Resolución 813 de 2026, firmada el 28 de abril por el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.

En un video publicado en su cuenta de X, el congresista afirmó que “el gobierno de Petro acaba de sacar una resolución para permitir matar niños” y anunció que combatirá la norma “en los tribunales, en las calles y en el Congreso”.

¿Qué dice exactamente la resolución? El documento del Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) establece, en su artículo 41, dos tramos de edad para los menores de 18 años que soliciten la eutanasia. Entre los 6 y los 14 años, es obligatorio contar con la aprobación de quien ejerza la patria potestad, es decir, los padres.

Pero entre los 14 y los 17 años la norma establece que “no es obligatorio contar con la concurrencia de quien ejerza la patria potestad del adolescente”. Solo se les informa de la decisión. Si los padres se oponen, el artículo 41 es claro: “prevalecerá la decisión del adolescente”.

Giraldo lo resumió así en su video: “Desde los catorce años ellos pueden solicitar la eutanasia. Le están diciendo que el Estado sabe más que una madre, sabe más que el cuidado de un padre”. Para el senador, esto convierte la vida de los hijos en algo “desechable” ante la ley.

La resolución no llegó de la nada. El propio documento cita al menos nueve sentencias de la Corte Constitucional entre 2014 y 2025 que ordenaron al Minsalud actualizar las reglas sobre el derecho a morir con dignidad, incluyendo la T-544 de 2017, que reconoció expresamente “el derecho de los niños, niñas y adolescentes a morir con dignidad”. La norma deroga dos resoluciones anteriores —la 825 de 2018 y la 971 de 2021— y las unifica en un solo texto.

Giraldo también cuestionó qué pasa con los pacientes que no pueden hablar por sí mismos. La resolución regula lo que llama “apoyos interpretativos de la voluntad”: un mecanismo para que familiares o personas cercanas ayuden a reconstruir qué habría querido el paciente cuando este no puede expresarse.

El artículo 5 aclara que este mecanismo es “excepcional” y que “en ningún caso constituyen, por sí mismos, una manifestación autónoma de voluntad”. El senador, no obstante, advirtió que “personas con discapacidades, pacientes con trastornos mentales no podrán decidir. Un médico o un funcionario decidirá por ellos”.

Sobre los hospitales y clínicas con orientación religiosa, el congresista fue directo: “Los hospitales, clínicas, IPS, cristianas, de valores, de principios, no podrán negársele. El Estado les impone esta resolución”. La norma confirma ese punto en su artículo 71, que prohíbe a las instituciones de salud alegar objeción de conciencia.

Solo los médicos que vayan a realizar el procedimiento de forma directa pueden invocarla, y deben hacerlo por escrito. Las clínicas y hospitales, como entidades, no tienen esa opción.

La resolución también fija plazos. El Comité Interdisciplinario de Eutanasia de cada institución tiene 10 días calendario para resolver una solicitud de adultos y 15 días para las de menores. El procedimiento es gratuito para el paciente: la norma prohíbe cobrar copagos, cuotas moderadoras o cualquier tipo de garantía económica.

Giraldo cerró su mensaje con una advertencia: “Esta batalla la seguiremos dando”. El senador tiene antecedentes en este frente. En 2022 lideró la creación de la bancada “por la vida, la familia y las libertades religiosas”, que llegó a reunir 54 congresistas, entre 34 senadores y 20 representantes a la Cámara, con el objetivo explícito de contrarrestar las decisiones de la Corte Constitucional sobre eutanasia y aborto.

La resolución entró a regir desde su expedición, es decir, el 28 de abril de este año 2026.