La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad especial por 18 años a Javier Nieto Cuitiva, exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Restrepo, en el departamento del Valle del Cauca, tras comprobar que presentó un documento académico falso para acceder y mantenerse en el cargo público durante casi una década.
La decisión, emitida en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Buga, implica su separación inmediata de funciones y la imposibilidad de ejercer cargos públicos hasta el año 2044.
De acuerdo con el fallo disciplinario, el caso se originó por la presentación de un diploma supuestamente expedido por la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, el cual acreditaba a Nieto Cuitiva como tecnólogo en Administración y Finanzas.
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Sin embargo, tras la verificación realizada por el ente de control, se estableció que dicho título no era válido, por lo que no cumplía con los requisitos exigidos para ocupar la gerencia de la empresa de servicios públicos del municipio.
El documento académico era un requisito indispensable establecido en el manual de funciones de la Empresa de Aseo y Alcantarillado de Restrepo, conocida como Emrestrepo S.A. E.S.P. Según la investigación, este requisito fue determinante para su nombramiento inicial y para su permanencia en el cargo, lo que derivó en una irregularidad sostenida en el tiempo.
Las indagaciones disciplinarias señalaron que Javier Nieto Cuitiva ocupó distintos cargos públicos desde el 2 de enero de 2016 hasta el 4 de enero de 2026, periodo en el cual se mantuvo como gerente durante los últimos dos años.
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A pesar de las dudas que surgieron en diferentes momentos sobre la autenticidad de su título académico, fue ratificado en la posición, lo que permitió que permaneciera en la administración de la entidad durante cerca de una década.
La sanción impuesta por la Procuraduría es de carácter gravísimo y fue calificada a título de dolo, lo que implica que la autoridad disciplinaria consideró que existió conocimiento y voluntad en la conducta reprochada.
En su análisis, el ente de control concluyó que el exfuncionario actuó en contravía de los principios que rigen la función pública, especialmente el de moralidad, el cual exige transparencia, honestidad y veracidad en el acceso y ejercicio de los cargos estatales.
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El caso de Restrepo se conoce en un contexto más amplio de investigaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de documentos académicos en la contratación pública en Colombia.
El caso de la actriz Yeimy Paola Vargas
En otro frente judicial, la Fiscalía General de la Nación avanza en un proceso contra la exreina y actriz Yeimy Paola Vargas, vinculada a una audiencia de imputación por presunta falsedad en documento público relacionada con contratos suscritos en Cartagena.
Según la investigación, la audiencia fue fijada para el 30 de abril, donde la Fiscalía determinará si existen méritos para formular cargos formales por el uso de un supuesto título académico falso que habría permitido a Vargas acceder a contratos en la administración distrital durante 2025.
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El caso contempla una posible pena de entre 4 y 9 años de prisión si se comprueba su responsabilidad.
Las autoridades sostienen que el caso tiene como eje central la verificación de la autenticidad de documentos que habrían sido usados para justificar idoneidad en procesos de contratación pública.
En la hoja de vida revisada por los investigadores se identificó un acta que certificaba formación como tecnóloga laboral en actuación y teatro, supuestamente expedida por una institución educativa en Bucaramanga.
Sin embargo, los peritos encontraron inconsistencias en el formato, en la tipografía y en los registros institucionales, lo que puso en duda su validez.
De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, este documento habría sido determinante para que la artista accediera a un contrato por 55 millones de pesos con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (Ipcc), con una duración de nueve meses.
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Posteriormente, pese a la suspensión inicial del contrato por denuncias, la administración distrital habría firmado un segundo vínculo contractual en 2026 por 18 millones de pesos, esta vez bajo el argumento de que la contratista cumplía requisitos básicos como bachillerato.
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