Paloma Valencia propone eliminar el Soat para motos de hasta 250cc y que el Estado cubra accidentes viales: esto incluirá el proyecto de ley

La senadora y candidata presdiencial Paloma Valencia presentó una propuesta legislativa que busca eliminar el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos, trasladando ese costo al Estado y garantizando la atención médica integral a las víctimas de siniestros viales.

La iniciativa, que será radicada en el Congreso, apunta a aliviar la carga económica de millones de motociclistas, en su mayoría pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

Según cifras citadas en el proyecto, este segmento representa más del 90% del parque de motos en el país, lo que convierte la medida en una de alto impacto social y fiscal.

Durante un acto público en Pereira, Valencia defendió la propuesta con énfasis en el acceso a la salud y el apoyo a los trabajadores que dependen de este medio de transporte.

“Por eso hemos venido a decirle aquí desde Pereira a todos los moteros de Colombia, que para las motos hasta doscientos cincuenta centímetros cúbicos, el Estado se hará cargo del pago del Soat y que quedan liberados de ese pago, pero cubiertos en la salud”, afirmó ante los asistentes.

La congresista insistió en que la reforma busca garantizar atención oportuna en caso de accidentes. “¿Para qué? Para que si hay un accidente, tengan que definitivamente atenderlos. Aquí tenemos ya el proyecto de ley que vamos a radicar en el Congreso para exonerar del pago a las motos hasta 250cc, pero garantizando que el Estado pagará ese Soat”, agregó.

El proyecto también plantea que ninguna víctima quede sin atención médica: “No importa que haya un accidente, el colombiano va a ser atendido, va a ser llevado al hospital”, dijo Valencia, quien enmarcó la propuesta como una forma de justicia social para sectores populares y rurales.

De acuerdo con el texto que será discutido en el Congreso de Colombia, la reforma modificaría la Ley 769 de 2002 e incluiría un periodo de transición de seis meses para definir los mecanismos de verificación, regulación y protección de víctimas. El objetivo es asegurar que, aun sin el pago directo del seguro por parte de los conductores, se mantenga la cobertura integral en salud para cualquier afectado en accidentes de tránsito.

El alcance de la medida es amplio. Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en el país circulaban cerca de 12 millones de motocicletas a junio de 2024, lo que equivale al 62% del parque automotor. De ese total, el 93,5% corresponde a motos de hasta 250 c.c., lo que evidencia que la exención impactaría a la gran mayoría de usuarios.

Además del peso en movilidad, el sector tiene una alta relevancia económica. Cerca del 92% de los propietarios pertenece a los estratos 1, 2 y 3, mientras que el 60% percibe ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Para el 33,7% de los usuarios, la motocicleta es su principal herramienta de trabajo en actividades como mensajería, domicilios y transporte de servicios. A esto se suma que la industria nacional genera más de 80.000 empleos y que alrededor de 2,6 millones de personas dependen directa o indirectamente de este segmento.

Actualmente, el Soat es un seguro obligatorio con vigencia anual que cubre daños corporales a conductores, pasajeros y peatones en accidentes de tránsito, incluyendo gastos médicos, indemnizaciones por incapacidad, fallecimiento y traslado a centros asistenciales.

Para 2026, mantiene un descuento del 50% y tarifas que oscilan entre aproximadamente $124.100 para ciclomotores y $761.400 para motocicletas de mayor cilindraje. Sin embargo, no cubre daños materiales a los vehículos.

Pese a los beneficios económicos para los usuarios, la propuesta ha generado debate por su impacto fiscal. El sistema vigente se financia con aportes de los conductores y transferencias específicas.

Según cifras de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), en 2025 se destinaron más de $700.000 millones para reclamaciones por accidentes de tránsito, además de otros $326.000 millones para la atención de víctimas de vehículos no asegurados.

En caso de modificaciones técnicas que aumenten la capacidad del motor, el beneficio se perderá automáticamente. Asimismo, los conductores deberán seguir cumpliendo con obligaciones como la revisión técnico-mecánica y la responsabilidad civil derivada de la conducción.