Una operación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) junto a la Policía de Carabineros permitió descubrir y suspender una explotación minera ilegal en el municipio de Soacha.
El hallazgo se produjo en la vereda Panamá, en la que equipos técnicos y uniformados constataron la extracción de materiales de construcción mediante maquinaria pesada, sin que la actividad contara con el título minero vigente requerido por la normativa colombiana.
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Según informó la CAR, en el lugar funcionaban tres puntos de extracción activos. En el primero, cuatro volquetas y una retroexcavadora cargaban arena, grava y recebo, mientras que una zaranda permitía la clasificación del material.
El segundo punto contaba con dos cargadores, una máquina amarilla y otro vehículo de carga en plena faena. El tercer frente también registraba movimiento con equipos pesados, todos operando fuera de la regulación estatal.
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Por su parte, el director de la CAR, Alfred Ballesteros publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que informó a cerca de este hecho: “Desde la @CAR_Cundi y con apoyo de la Policía de Carabineros, suspendimos tres frentes de explotación de arena y recebo que operaban sin título minero vigente en zona rural del municipio de Soacha. En el operativo encontramos: Retroexcavadoras en plena operación Volquetas y cargadores trabajando. Clasificación de material en curso. Seguiremos ejerciendo nuestra actualidad ambiental en función del territorio CAR”.
De acuerdo con un reporte oficial recogido por la CAR, la intervención se motivó porque la explotación carecía del permiso y título minero actualizado otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM).
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César Rico Mayorga, director regional de la entidad en Soacha, explicó: “El proyecto no tiene el título minero vigente que otorga la autoridad competente, por lo que se procedió a suspender de inmediato la operación”, declaración recogida por la propia corporación.
La licencia ambiental que poseía el emprendimiento databa de 2003 y ya no cumplía con los requisitos legales. Según detalló la CAR, la suspensión se aplicó de manera inmediata sobre todas las labores extractivas en la zona, como parte de los principios de control ambiental y coordinación institucional entre autoridades.
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La intervención busca evitar daños ambientales y frenar prácticas irregulares que amenazan los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas del municipio.
La CAR reiteró que mantendrá operativos conjuntos con la Policía para identificar y sancionar este tipo de actividades fuera de la ley en el departamento de Cundinamarca.
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La CAR inició acciones legales tras detectar acopio ilegal de madera en un predio rural
En un operativo realizado en la vereda San Jorge, en el municipio de Soacha, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva tras hallar 42 unidades de madera acopiadas sin autorización, presuntamente destinadas a la producción de carbón vegetal.
Según informó la CAR, el material incautado corresponde a trozas de ciprés almacenadas en el predio Las Acacias, en el que no se contaba con permiso de aprovechamiento forestal.
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El procedimiento, reportado por la autoridad ambiental, permitió identificar que la madera ya se encontraba lista para ser utilizada, aunque no se evidenció quema a cielo abierto durante la inspección. De acuerdo con un comunicado de la CAR, la actividad se desarrollaba de forma irregular y actualmente se encuentra en proceso sancionatorio administrativo.
César Augusto Rico Mayorga, director regional de la CAR en Soacha, explicó que “en el momento de la visita técnica reposan restos de madera a la espera de surtir el trámite sancionatorio correspondiente”.
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El funcionario realizó un llamado para erradicar prácticas que afectan los recursos naturales y señaló que “es fundamental tratar de evitar estas actividades que afectan los recursos aire, suelo y flora”, de acuerdo con declaraciones recogidas por la entidad.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca reiteró que la tala sin autorización impacta directamente recursos como el agua y el suelo. Según la información difundida, toda intervención forestal requiere autorización previa de la autoridad ambiental competente. Además, la entidad recordó que la protección del entorno es una obligación colectiva de la ciudadanía.
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Por el momento, el material incautado permanece bajo custodia en el predio mientras avanzan las acciones administrativas para establecer responsabilidades y determinar eventuales sanciones.
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