Asesinato de líder comunal en Segovia desata desplazamiento de casi 20 familias en zona rural

El asesinato de un líder comunal en zona rural de Segovia generó el desplazamiento de al menos 19 familias, en un nuevo episodio de violencia que afecta al nordeste antioqueño.

La víctima fue identificada como Teodoro Manuel Gamboa Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Chicamoqué, quien fue sacado de su vivienda por hombres armados.

Horas después, el líder fue hallado sin vida con heridas de bala, lo que provocó temor generalizado y la salida de varias familias de la zona, según reportes conocidos por El Colombiano tras el hecho.

El crimen ocurrió el 28 de abril en la vereda Bocas del Chicamoqué, ubicada a varias horas del casco urbano de Segovia, en límites con el municipio de El Bagre. La ubicación geográfica y las condiciones de acceso han sido señaladas como factores que dificultan la presencia institucional en este tipo de territorios.

De acuerdo con versiones de familiares, el líder comunal fue sacado de su vivienda alrededor de las 6:00 de la tarde por hombres armados. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado sin vida y trasladado por la comunidad a la morgue municipal el 29 de abril.

Tras conocerse el asesinato, el miedo se extendió rápidamente entre los habitantes del sector. Al menos 19 familias decidieron abandonar sus viviendas, algunas desplazándose hacia el casco urbano de Segovia y otras buscando refugio en municipios cercanos como El Bagre.

Óscar Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, explicó que la situación no se limita a amenazas individuales, sino que involucra a toda la comunidad. “Hay intimidaciones no solo contra líderes, sino contra toda la comunidad, lo que ha dejado cerca de 20 familias desplazadas”, afirmó, citado por El Colombiano.

El desplazamiento forzado en esta zona no es un hecho aislado. El pasado 26 de febrero se registró otro episodio de violencia que también provocó la salida masiva de habitantes. En esa ocasión, un ataque con dron contra una vivienda campesina dejó tres personas muertas y un adulto mayor herido, lo que derivó en el desplazamiento de 125 familias.

Estos hechos reflejan una situación de orden público compleja en el nordeste antioqueño, donde las comunidades han denunciado un aumento de la presión por parte de grupos armados ilegales. La violencia se ha concentrado especialmente en zonas rurales con economías basadas en la minería artesanal.

En municipios como Segovia y El Bagre, la disputa por el control territorial ha sido señalada como uno de los factores que agravan la inseguridad. La presencia de estructuras armadas ilegales ha incrementado los riesgos para líderes comunitarios y población civil.

Organizaciones sociales han advertido que los líderes comunales son uno de los principales objetivos de estas dinámicas de violencia, debido a su papel en la organización comunitaria y la defensa de los territorios.

La salida de las familias no solo representa una afectación inmediata en términos de vivienda, sino también una ruptura de las dinámicas sociales y económicas de la región, donde muchas personas dependen de actividades rurales para su sustento.

Hasta el momento, la situación mantiene en alerta a las comunidades y a organizaciones que hacen seguimiento a los derechos humanos en la zona, mientras se espera una respuesta institucional frente a los hechos recientes.

El caso de Segovia vuelve a evidenciar los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad rural, particularmente en regiones donde la presencia de grupos armados ilegales sigue generando desplazamientos y afectaciones a la población civil.